El titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, declaró este martes en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, en donde negó haber extorsionado a beneficiarios de planes sociales y desmintió la administración fraudulenta de fondos del Estado, además de presentar documentación para contrarrestar la imputación.

Tras salir del juzgado, el líder piquetero señaló en declaraciones a la prensa que la causa en su contra se trata de "una persecución política, que se inicia el 20 de diciembre, cuando la ministra (de Seguridad, Patricia Bullrich) prohíbe las movilizaciones populares".

"No tenemos ninguna factura trucha", aseguró además en referencia a uno de los cargos que se le imputa, y apunto al ministerio de Capital Humano por el escándalo de la mercadería acumulada en depósitos: "Si hay justicia, acá se debe invertir esta situación. Los que deben estar en el banquillo son los que escondieron los alimentos, son los que le sacaron los programas sociales a la gente por decir que pasaron la frontera".

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Frente al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Gerardo Pollicita, el dirigente social fue indagado por dos grandes acusaciones: por un lado, haber desviado recursos del Potenciar Trabajo hacia empresas apuntadas por hacer facturas falsas y, por otro, haber amenazado a quienes percibían ese programa bajo la órbita de su organización.

Como unidad de gestión del mencionado plan social, el Polo Obrero recibió entre 2020 y 2023 alrededor $360 millones para la compra de herramientas, vestimenta y elementos de trabajo para los beneficiarios y por esos conceptos fueron rendidos unos $279 millones. En tanto, de los $81 millones restantes, nunca se brindó información sobre su destino.

La Justicia detectó que la organización liderada por Belliboni había contratado a la imprenta Rumbos, que pertenecería al propio partido, y a una firma llamada Costex SA, a la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) declaró como apócrifa. De esta forma, se comprobó que entre las rendiciones realizadas ante el exministerio de Desarrollo Social había facturas truchas.

Al llamar a indagatoria al dirigente piquetero y otro referentes, Casanello detalló que la causa por extorsiones comenzó "a través de las voces de quienes denunciaron" por medio de la línea 134 del ministerio de Seguridad, quienes se sintieron "obligados a movilizarse a cambio de o para mantener un plan social". 

"El rol de esas unidades era garantizar y hacer posible, a través de propuestas productivas, la inclusión social de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica. El directo del ingreso económico debía ser completado por el beneficio indirecto que ofrecía la unidad de gestión", señaló el magistrado.

Según la principal hipótesis, el Polo Obrero utilizó "facturación apócrifa" y simuló "gastos no concretados", para "disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos recibido del Estado".

Desde la organización, habían adelantado que el dirigente denunciaría que "la causa judicial forma parte de una campaña de percusión política montada por el Gobierno nacional contra las organizaciones políticas y sociales que se oponen al ajuste brutal que aplica Javier Milei". En el mismo sentido, reclaman la libertad de las personas que continúan detenidas tras manifestarse el pasado 12 de junio en contra de la Ley Bases.