Con un tuit, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso en el centro de la escena la discusión por el Consejo de la Magistratura (CM). A pesar del señalamiento, el presidente de le la Corte Suprema, Horacio Rosatti, asumió como titular del órgano de control y ordenó al Congreso designar a los consejeros restantes para de esa manera llegar a los 20 miembros de la composición previa a la reforma de 2006, declarada inconstitucional por el Máximo Tribunal en diciembre.

Sin embargo, el Gobierno aún mantiene congelada la situación en el parlamento. A partir de una cautelar presentada por el diputado frentetodista Marcelo Casaretto y aprobada por el Juzgado N°2 de Paraná, el oficialismo aún no autorizó el desembarco de los legisladores que deberían conformar la mesa del CM, ahora ampliada. Así, las posturas a un lado y otro de la grieta se endurecen al calor de una lucha por el poder en la Justicia.

• Primera piedra. El tono recrudeció con una carta de la Coalición Cívica-ARI (CC-ARI), firmada por Elisa ‘Lilita’ Carrió, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López. El documento planteó que “cualquier otra decisión” por fuera de avanzar con los nombramientos de los diputados Roxana Reyes –por la UCR– y Luis Juez –por el PRO– implicará “un alzamiento contra el orden constitucional”.

• Juntos por el Cambio. En la tarde del martes, los bloques de la principal coalición opositora en Diputados y Senado brindaron una conferencia de prensa conjunta y amenazaron con denunciar penalmente a Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner por las dilaciones. “No estamos mendigando nada que no nos corresponde. Le corresponde a la oposición esos lugares. Esto tiene que quedar claro. Yo soy un tipo del derecho y exijo que Cristina Kirchner cumpla con la ley; de lo contrario, haré una denuncia penal por incumplimiento de funcionario público”, aseveró Juez frente a las cámaras.

• Zaffaroni. Como en cada cúspide de la efervescencia judicial, quien salió mediáticamente a plantear su postura fue el exministro de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni. "No está en peligro solo la democracia, está en peligro la república", declaró en diálogo con El Destape Radio. Después, el exjuez señaló: “Viendo a nuestros países hermanos, estos son signos de algo que puede derivar en un golpe de estado soft".

• ¿Juicio político? La postura del Gobierno también se endureció en las últimas horas. En declaraciones periodísticas, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena calificó el fallo de la Corte como un “descalabro” y abrió la posibilidad avanzar contra los cortesanos del Máximo Tribunal por su último fallo. "No descarto un juicio político, no puedo comprometer la posición del Poder Ejecutivo pero claramente hay una causal de mal desempeño. Es verdaderamente escandaloso", afirmó el funcionario nacional alineado al Instituto Patria.

• Quiebre. El FDT fue a por todo. Lejos de ceder en su contraofensiva, el oficialismo rompió su bloque de senadores en dos. Aunque pareciera tratarse de un capitulo más dentro de la interna del Gobierno, la maniobra tuvo que ver con lograr hacerse de un lugar más en el CM. La ley establece que de los cuatro consejeros que ingresan desde la Cámara alta, dos son por la mayoría, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría. Antes del quiebre, el bloque peronista contaba con 35 legisladores, la UCR 18 y el PRO, nueve. Pero al desdoblarse el FDT, la mayoría es para el Frente Nacional y Popular (FNyP) –conducido por José Mayans, con 21 senadores–, la primera minoría para la UCR y la segunda minoría para Unidad Ciudadana –presidido por Juliana Di Tullio, con 14 integrantes–. En tanto, el PRO queda fuera de la repartición.