Si alguien en Argentina habla de peronismo, indefectiblemente debe hablar de derechos laborales. La simbiosis entre los trabajadores y el movimiento que fundó Juan Domingo Perón a mediados del siglo pasado es total. Pero, aunque cambie el gobierno de turno, los trabajadores siguen ahí, con los mismos intereses y las mismas preocupaciones. Cada año par –entre elecciones–, los que no cantan la famosa marcha, cantan otra canción que no pierde vigencia: la “reforma laboral”, a veces con reversiones como la famosa “modernización”.

El viejo y perseverante anhelo de un cúmulo de políticos y empresarios reflotó una vez más. Múltiples dirigentes, como María Eugenia Vidal o Mauricio Macri lo abordaron públicamente, así como importantes y exitosos emprendedores como Marcos Galperín, de Mercado Libre, quien en las últimas horas tuiteó que "cuando las reglas laborales son modernas, las personas despedidas rápidamente encuentran nuevos empleos, muchas veces con mejores condiciones que el anterior”.

“Eso no tiene nada que ver con la realidad”, opinó el abogado laboralista Héctor Recalde en conversación con El Canciller, quien se califica como “reformista” y entiende que “habría que hacer cambios”, pero no del tipo que propone el fundador de la compañía unicornio que se jacta de sostener “a 35.000 familias todos los meses”, sino “en otra dirección”.

¿Qué dicen las pequeñas y medianas empresas?

El parecer de quienes emplean 15, 50 o 150 empleados, por poner un número arbitrario, es distinto. “El grueso de la legislación laboral no es conflictiva”, aseguró ante este medio Jorge Benedetti, empresario del municipio de San Martín. Muchos de los proyectos de la oposición tienen que ver con la reducción en las cargas patronales, con el argumento de que esas contribuciones asfixian a quien invierte y, por lo tanto, desincentivan la contratación de nuevos empleados.

En conversación con este medio, el metalúrgico local señaló por qué una medida de este tipo “pegaría la vuelta” y perjudicaría al empresario de manera indirecta, con un ejemplo vinculado a una de las cargas sociales: la obra social gremial, mediante el que una gran parte de la población se atiende. “Si nosotros lo eliminamos, eso va a terminar siendo una carga directa para el Estado, que va a tener que aumentar impuestos para sostenerlo. Así que, de alguna u otra manera, va a haber un costo para el empresario. No hay que engañarnos con una aparente reducción de costos a cortísimo plazo que va a tener en un aumento de impuestos”.

Son 535.000 las PyMEs en Argentina, casi 100.000 menos que en 2011. Y “casi 200.000 menos de lo que deberíamos tener hoy –725.000– para darle trabajo a la población económicamente activa”, según indicó el presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Leo Bilanski. Para el representante de las pequeñas y medianas compañías, los sectores que proponen la famosa “modernización” laboral, “buscan siempre persuadir a un sector de las PyMEs que ven en el trabajador un problema cuando en realidad no están entendiendo la magnitud de lo que está pasando”.

Para Bilanski, “los problemas del empresario PyME no se resuelven cortándole la cabeza al trabajador, porque el problema está en la cadena de valor”. En concreto, focalizó: “Hay eslabones que se están comiendo la utilidad que debería ser nuestra para pagar salarios dignos: los monopolios y oligopolios”. En el país, existen apenas 1.359 empresas que tienen más de 500 empleados. “Esos sectores pagan salarios dignos porque se están llevando la plata de otros”, apuntó.

No es el mismo abordaje que el que plantea, por ejemplo, María Eugenia Vidal. Esta semana, la exgobernadora compartió en sus redes una imagen con el hashtag #ReformaLaboral, donde reflexionó acerca de que “de 46 millones de argentinos, tan solo 6 millones trabajan en el sector privado formal” y llegó a la conclusión de que “de cada 100 argentinos, solamente 13” cuentan con empleo registrado.

El cálculo tendría sentido si, por alguna razón, los bebés, niños y jubilados que forman parte de la población total que mencionó la diputada trabajaran. Cosa que, hasta ahora, no sucede. “Es como mezclar hormigas con zapallos”, repudió Recalde, quien además criticó la “falta de expertise” de la exmandataria provincial, quien además retuiteó a Galperín. "Todo hace juego con todo", diría alguna Vicepresidenta.

Desde ENAC, Bilanski propuso otra solución distinta a “sacar todos los impuestos” de la economía: un esquema de simplificación impositiva y laboral. Es decir, “que todos los costos que atañen a la burocracia y que involucren a las relaciones laborales y son improductivos, se eliminen”. Algo que sintetizó en la consigna “Un solo ticket, un solo mes”. No obstante, el representante de la cámara empresaria reconoció que “hay impuestos que están de más” y puntualizó en problemas respecto al esquema de Ingresos Brutos, “que es absolutamente regresivo”. “Los estados provinciales no nos están ayudando a crear empresas”, reclamó.

La indemnización

Otro que volvió al ruedo, con el cuchillo entre los dientes y sin tapujos, fue el expresidente Mauricio Macri, que en una entrevista con Cadena3, anticipó que en caso de gobernar a partir de 2023, Juntos por el Cambio debería avanzar hacia “un sistema laboral inteligente para que no sigamos teniendo en una reforma laboral de hecho, porque la mayoría de la gente que entra a trabajar hoy lo hace de manera informal”. No sería disparatado pensar que entre los elementos de dicho sistema, la indemnización tuviera todos los boletos de salida: en octubre de 2019, el exjefe de Estado recortó los montos de las compensaciones por invalidez o muerte del trabajador.

A Recalde, las propuestas para eliminar la indemnización le parecen “horribles” y “anticonstitucionales”. El abogado laboralista dedicó gran parte de su vida a los juicios laborales, algo que algunos denominan “la industria del juicio”, pero Bilanski marcó a este medio otros reparos sobre ese punto: “Los jueces son un desastre. Viven parasitando al sistema productivo y sobre todo a los pequeños. Porque los grandes nunca tienen problema de juicios, siempre son los pequeños los que sufrimos cálculos indemnizatorios fantásticos”.

Pero hay quienes proponen salidas no ortodoxas para la problemática, como Benedetti, que señaló que el meollo de la cuestión está en que “no aparece mano de obra con un mínimo de capacitación”. ¿Cómo se vinculan estos dos puntos? “Si yo tomo un operario sin capacitación para que trabaje en una máquina, esa capacitación toma por lo menos seis meses. Recién en ese plazo el empresario puede pensar en efectivizarlo. Es muy riesgoso tomar personal y tener que resolver en los tres meses”, explicó, en función de los 90 días que estipula la ley para despedir sin causa a un empleado sin tener que pagarle.

Una solución, para el metalúrgico sanmartinense, podría ser que el Estado se haga cargo del financiamiento de esas capacitaciones y, además, una extensión mayor para el período de prueba. Sin embargo, aclaró: “Eso tampoco significa que yo tome gente cada seis meses permanentemente y nunca efectivice a nadie. Tiene que haber un límite ahí”.