Finaliza la novena y última jornada de alegatos en el juicio de la causa denominada “Vialidad”, donde están acusadas 13 personas –entre ellas, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez– por el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a Grupo Austral. Este lunes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expusieron sus argumentos y el pedido de condena que consideran pertinente para lo que consideran un perjuicio para el Estado de $5.231 millones.

Delito. Según expuso Mola, “la cartelización, la elevación del presupuesto de monto oficial, la ejecución de obras ilegales, irrazonables, las contrataciones directas que se encubrieron bajo el ropaje de licitaciones, la adjudicación de obras con sobreprecios, revelan el enorme perjuicio”. El fiscal presentó un muestreo de cinco de las 51 licitaciones que recibió Báez, de las cuales “tres fueron otorgadas con presupuesto que superaban altamente lo determinado por el presupuesto oficial, las otras dos licitaciones se adjudicaron con sumas cercanas a los presupuestos oficiales pero los mismos contenían los mayores porcentajes de sobreprecios”, de “entre 18% y 102%”. "Todo lo que se invirtió fue dilapidado", concluyó el coadyuvante.

“Niño mimado”. Luciani, por su parte, ratificó que “en todo momento se intentó beneficiar a las empresas de Báez” y precisó que entre la fecha de apertura de licitación y el inicio de las obras pasaban “apenas 38 días”. Para el fiscal, las firmas del empresario eran “parte indispensable” para las operaciones. “Lázaro Báez fue el niño mimado de las más altas autoridades”, aseveró el fiscal, quien después se explayó: “Tenía un trato preferencial. Esto no podría haber sucedido de otro modo si no fuera porque la maniobra se encontraba dirigida desde el poder presidencial”.

La Jefa. En un apartado de su alegato, Mola reveló una serie de mensajes que intercambiaron en ese entonces José López, exsecretario de Obras Públicas –y protagonista del recordado escándalo de los bolsos en el convento– y su segundo, Abel Fatala, donde se referían a “la jefa” o “la Pta.”, en alusión a Cristina Kirchner, y la necesidad de consultarle sobre cuestiones vinculadas a las obras. "No es verosímil que Cristina no se enterara de nada", argumentó el fiscal.

La respuesta de CFK. Mientras Mola y Luciani hablaban, la Vicepresidenta lanzó uno de sus característicos bombazos y solicitó la ampliación de su declaración indagatoria para la audiencia de este miércoles. La decisión, poco común –dado que dicha etapa ya finalizó y el juicio se encuentra en la fase de los alegatos–, se dio “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, según expresó la exmandataria en sus redes sociales.

Minutos más tarde, Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, afirmó en El Destape Radio que "están tratando de proscribir a un modelo de país, no a Cristina". Respecto al pedido de CFK dijo que "ya había avisado que iba a haber una sorpresa". En ese sentido, agregó: "Cristina está viendo lo que estamos viendo todos, que la quieren condenada sin tener una prueba de cargo, ni ninguna relación con Lázaro Báez ni con el desvío de fondos de la Obra Pública". Y concluyó: "Cristina pide ampliar su indagatoria porque evidentemente tiene muchas cosas qué decir".

Cómo sigue. Sobre el final de los alegatos, el fiscal presentó su pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la expresidenta. Para Lázaro Báez la solicitud fue de 12 años también, y para Julio De Vido y José López, 10 años. Ahora, tocará que aleguen las defensas, pero el Tribunal Oral Federal 2 podría dictar un cuarto intermedio de hasta 10 días hábiles para que los imputados preparen sus exposiciones. Son 13 y contarán con tres jornadas para realizar sus presentaciones. De todos ellos, Cristina Kirchner es la sexta, justo antes del turno de Lázaro Báez.