Javier Milei manifestó este jueves su "profundo desacuerdo" con la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de ordenar arrestar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por considerarlo responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza, y opinó que esa resolución "ignora el legítimo derecho" del Estado judío de "defenderse frente a ataques constantes por parte de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbolá".

En un mensaje compartido en su cuenta de la red social X y titulado "Declaración de la República Argentina en defensa de Israel", el Presidente señaló que el país asiático "enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana, y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población".

"Criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional", advirtió el líder de La Libertad Avanza, quien también repudió la orden de arresto contra el exministro de Defensa Yoav Gallant.

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En este marco, anunció que "la Argentina se solidariza con Israel, reafirma su derecho a proteger a su pueblo y exige la liberación inmediata de todos los rehenes", y realizó "un llamado a la comunidad internacional para condenar las acciones de Hamas y Hezbolá, defender la soberanía de Israel y actuar con justicia e imparcialidad en la búsqueda de una paz duradera en la región".

Además de Netanyahu y Gallant, la CPI exigió detener al funcionario de Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, también conocido como Mohammed Deif. Sobre el primero de ellos, el Tribunal con sede en los Países Bajos argumentó en un comunicado que tenía "motivos razonables" para creer que es penalmente responsable de crímenes de guerra, según informaron medios internacionales.

Al respecto, la Corte enumeró "la inanición como método de guerra" y "los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos".

En cuanto a Deif, a quien Israel aseguró que mató en septiembre pero Hamas no lo confirmó, la CPI lo consideró también responsable de delitos "de lesa humanidad, incluidos asesinato, exterminio, tortura y violación, así como otras formas de violencia sexual". Además, le adjudicó los cargos de crímenes de guerra, trato cruel, toma de rehenes y ultrajes a la dignidad personal.

En este sentido, advirtió que el funcionario de la organización terrorista tiene "responsabilidad penal" por haber "cometido los actos conjuntamente y a través de otros… Por haber ordenado o inducido la comisión de los crímenes", y por no haber "ejercido el debido control sobre las fuerzas bajo su mando y control efectivos".