Tras el fracaso del tratamiento de la Ley Ómnibus durante las sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional enviará al Congreso una versión más acotada del proyecto "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que contará con 10 temas centrales.

Entre ellos, se encuentra el capítulo fiscal, que había sido retirado del dictamen para facilitar la aprobación de la norma por parte de la oposición "dialoguista". La reincorporación de este paquete forma parte del nuevo acuerdo del Ejecutivo con los gobernadores, e incluye la propuesta de restitución del impuesto a las Ganancias, ahora llamado "a los ingresos personales", como así también una moratoria impositiva para regularizar obligaciones tributarias, aduaneras y de la Seguridad Social, y un blanqueo de capitales.

Otro punto central de la reversionada Ley Ómnibus es la declaración de la emergencia y la delegación de facultades. De las 11 planteadas originalmente, y las seis que se votaron en el último dictamen que luego naufragó, quedarían sólo cuatro y serán por el plazo de un año: administrativa, económica, financiera y energética.

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En tercer lugar, se ubican los aspectos ligados a la reforma del Estado, en los que se fijan los instrumentos legales para llevar adelante la reorganización de la Administración Pública Nacional que pretende el oficialismo. Esta modificación habilita la eliminación de reparticiones, la fusión de estructuras y la disolución parcial o total de organismos creados por ley o norma de rango equivalente, aunque quedan excluidas las universidades nacionales, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Con respecto a los fondos fiduciarios, que habían generado cruces durante las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo nacional insistirá con la modificación, disolución o extinción de los fideicomisos públicos y la reversión de sus recursos al Tesoro Nacional hasta la próxima ley de presupuesto.

El cuarto punto del nuevo proyecto se refiere a las privatizaciones, que en esta oportunidad apuntarán a no más de 13 empresas; mientras que el quinto tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que aclara que las acciones se consolidan dentro de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y no se transfieren al Tesoro, por lo que serían embargables. 

Otro de los ejes será la formulación de un nuevo mecanismo de movilidad previsional en base a un ajuste mensual por Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde abril, y 10 puntos porcentuales de recomposición por la pérdida de ingresos reales de las prestaciones en el primer trimestre.

El séptimo tema se refiere a la creación de un régimen de blanqueo laboral, con facilidades y exenciones impositivas para la contratación de personal registrado; en tanto el octavo lleva como título "desregulación económica" y comprende la modificación de regulaciones sobre la actividad privada, según citó la agencia Noticias Argentinas.

El siguiente punto clave de la reformulación del ancla legislativa está dedicado a la Energía e incluye, además de la cuestión de biocombustibles y transición energética, cambios en la ley de Hidrocarburos, con el establecimiento del libre comercio internacional y la prohibición de la intervención o la fijación de precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción.

Finalmente, el décimo asunto correspondería al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se relaciona con el otorgamiento de beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión brindando un marco de seguridad jurídica.