Ley de Alquileres: desorden en el oficialismo por la reforma presentada por un grupo diputados
Tanto en el Gobierno como en la oposición creen que la norma vigente no dio los resultados esperados.
Que la actual Ley de Alquileres fue un fracaso no es una verdad reveladora. Lo saben los propietarios, que se vieron perjudicados por los largos plazos mínimos en un contexto inflacionario, y los inquilinos, que también sufren las condiciones contractuales. La normativa vigente no dejó contento a nadie. Después de su presentación en 2019 por parte de Cambiemos, cuando la actual oposición era oficialismo y la sanción con el amplio apoyo del arco político al año siguiente, todas las fuerzas políticas levantaron las banderas del “Yo no fui”.
En ese marco, un grupo de diputados nacionales del Frente de Todos (FDT) encabezados por el puntano José Luis Gioja ingresaron por la mesa de entrada de la Cámara un proyecto de reforma. "Esta Ley que proponemos modificar fue cuestionada hasta por sus mismos autores un minuto después de su aprobación", reza el documento. Sin embargo, lo hicieron de manera personal: el debate en el seno del oficialismo seguía abierto, con proyectos en el tintero y sin una línea consensuada.
Sus principales puntos
• Tope de aumento en la renovación. El texto establece que “en caso de renovación de contrato, el precio inicial del alquiler tendrá como tope un 10% adicional al que corresponda con el ajuste anual previsto”. Es decir, un 10% más que el índice que surja a partir del cálculo del Banco Central, que toma en igual medida a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a la de los salarios del sector formal (RIPTE).
• Precio inicial. Asimismo, en caso de aprobarse, solo se podría incrementar hasta un 20% sobre el porcentaje del aumento anual calculado por el BCRA. Una disposición que aplicaría a aquellos inmuebles que se hayan alquilado para vivienda en los últimos cinco años. Asimismo, podría adicionarse hasta un 5% por cada año que no se haya alquilado desde la finalización del contrato.
• ¿Y si firmo el contrato por primera vez? Actualmente, los propietarios deben informar a AFIP los contratos para no recibir una sanción. Para conocer el valor del último alquiler anterior y que el potencial locatario pueda establecer el tope, el proyecto de Gioja propone que el organismo dirigido por Mercedes Marcó Del Pont publique en su página web “el registro de inmuebles locados”, donde se podrá acceder de forma libre y se incluirá el precio de alquiler inicial. Además, durante los primeros 15 meses de vigencia de la ley, el locador recibiría beneficios fiscales al declarar el contrato.
• Construcción y viviendas vacías. El documento propone el diseño de un plan para fomentar la construcción de inmuebles en centros urbanos destinados al alquiler; la construcción y adquisición de inmuebles para la gestión pública de alquileres sociales; y un sistema de gestión pública para esos contratos subsidiados, paralelo al mercado privado. Además, ordena al Consejo Nacional de la Vivienda elaborar un modelo de proyecto de ley para un impuesto a los inmuebles vacíos.
El desorden en el FDT
Además de Gioja, el proyecto lleva la firma de Carlos Selva, Eduardo Valdés, Juan Carlos Alderete, Sergio Casas, Rosana Bertone, Jorge Antonio Romero, Lía Verónica Caliva, Susana Graciela Landriscini, Dante Edgardo López Rodríguez, Nilda Moyano, Nancy Aracely Sand Giorasi, Estela Hernández, Juan Manuel Pedrini y Alicia Aparicio.
Que la multiplicidad de extracciones frentetodistas no engañe: no se trató de una presentación orgánica de la coalición gobernante. Si bien la reforma de la norma es un tema que preocupa especialmente al Gobierno, el documento que ingresó este viernes por la mesa de entrada no fue hablado por todo el oficialismo, sino que los 15 legisladores lo presentaron por su cuenta. Así se encargó de dejarlo en claro el presidente de la Cámara, Sergio Massa, quien sostuvo: “La semana que viene trabajaremos en la suspensión de la Ley Lipovetzky –NdE: por el exdiputado y autor de normativa vigente– y en la constitución de un grupo de trabajo en el parlamento que nos permita, en los próximos 90 días, tener una nueva ley”.
El Frente Renovador escribe por su cuenta una iniciativa propia a cargo de la diputada Marcela Passo. Pero no fue la única: su compañero Carlos Selva también tenía un proyecto en carpeta, pero para impulsar que el tema se trate decidió acompañar el documento de Gioja, con el que comparte gran parte de su espíritu. No obstante, hay dos aspectos fundamentales que el texto del puntano no tiene en cuenta y que son el alma de los reclamos de locadores y locatarios: el plazo mínimo de tres años para los contratos y el ajuste anualizado.
Por lo cual, entre los 15 firmantes hay disidencias también. En diálogo con El Canciller, Selva confirmó que planteará “como aporte” que esos dos puntos se incluyan en comisión. “A veces uno presenta un proyecto personal y después entran algunas consideraciones dentro de las comisiones que uno acepta si cree que no distorsionan el proyecto”, explicó. A su vez, anticipó: “Estoy seguro de que la oposición se va a prestar a discutir este tema de nuevo. Hay un sector con el que lo hemos hablado”.
Según adelantaron a este medio desde Juntos por el Cambio, la oposición pedirá una sesión especial para el 5 de abril con el objetivo de derogar la ley actual. Selva, por su parte, opinó: “Con la derogación completa de la ley se eliminaría un sistema que no ha funcionado, pero tampoco estoy de acuerdo con que el Estado se desentienda totalmente. Hay que reformarla, no derogarla”.