En el marco del 46° del Golpe de Estado de 1976, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) registró la situación judicial de cada una de los 3.596 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde 2006, cuando bajo la presidencia de Néstor Kirchner y tras la caída de las leyes de obediencia debida y punto final se reabrieron los juicios.

• Las cifras. Más de 16 años después, de ese total, solo 1.058 fueron condenadas. Es decir, poco menos de un 30%. Gran parte de los que no vieron su propia sentencia fallecieron en el proceso: son 964 responsables que nunca rendirán cuentas ante la justicia. Por otra parte, 165 fueron absueltos, a 142 le dictaron falta de mérito y 96 fueron sobreseídos. Entre los que atraviesan sus compromisos judiciales actualmente, hay 542 que se encuentran procesados, 573 que apenas están imputados y ni siquiera han prestado declaración indagatoria, y otros 34 ya han sido indagados y esperan que avance su situación en los tribunales. Además, siguen existiendo 22 prófugos de la ley.

• Quines son los prófugos. En la web del programa Buscar, sin embargo, aparecen 24 implicados que aún se desconoce su paradero: Antonio Tuttolomundo, Luis Esteban Kyburg, Ángel Ervino Spada, Jorge Raúl Vildoza, Héctor Mario Schwab, Juan Carlos Linarez, Horacio González Llanos, José Luis Piedra, Fernando Federico Delgado, Carlos Alberto Arroyo, Héctor Adán Giménez, Eduardo Rebechi, Carlos Gabriel Jesús Isach, Jorge Luis García, César Heriberto Peralta, Emilio Alberto Rimoldi Fraga, Gustavo Francisco Bueno, Miguel Ángel Vera, Alberto Horacio Silva, Oscar Chapur, Miguel Ángel García Moreno, Ricardo Aleks, Vicente Omar Navarro Moyano y Alejandro Vicente Michelutti.

• Las nuevas causas. En 2020, el primer año de la gestión de Alberto Fernández –con pandemia mediante–se iniciaron nueve juicios orales; mientras que en 2021 fueron 17. Es decir, casi el doble. Además, en el último año se produjeron 17 sentencias.

• Beneficios y demoras. Según la PCCH, en la actualidad hay 764 personas detenidas, mientras que 1532 permanecen en libertad. Además, la institución dirigida por Ángeles Ramos planteó en un comunicado: “Como ocurre desde 2016, el arresto domiciliario se ha consolidado como la forma preeminente en que las personas detenidas transitan estos procesos judiciales. Actualmente, 579 personas se encuentran en prisión domiciliaria, 118 permanecen en establecimientos penitenciarios y 67 lo hacen en otras dependencias” que el órgano estatal no considera unidad penitenciaria por la incidencia del Ejército en ellas. A su vez, se sabe que desde que el tribunal oral dicta sentencia luego de un juicio, pasan en promedio más de tres años y medio hasta que ese veredicto queda firme.