Tras la abstención de Argentina en la trunca denuncia de Estados Unidos por violaciones de derechos humanos ejercidas por el Gobierno de China, el país gobernado por Alberto Fernández volvió a distanciarse de la potencia norteamericana. Este viernes, se aprobó con 19 votos a favor, cinco en contra y 23 abstenciones una prórroga de dos años de la comisión especial de la ONU que investiga las violaciones de derechos humanos en Venezuela por la administración de Nicolás Maduro. Por su parte, Argentina cambió de posición a último momento y se abstuvo.

Resolución. El documento “expresa profunda preocupación” por “la continua erosión del estado de derecho, la inseguridad de la permanencia en los cargos, la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces y fiscales, la precariedad de las condiciones de trabajo y las injerencias políticas, incluido el reciente nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo que carecen de independencia”. La Resolución plantea que todos esos puntos “siguen socavando la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de las violaciones y transgresiones delos derechos humanos, inciden en el acceso de las víctimas a la justicia y obstaculizan la celebración de elecciones libres y limpias”.

Región. Argentina fue uno de los 23 países en abstenerse. Junto a México, fueron los únicos de la región en hacerlo. Brasil y Paraguay votaron a favor; mientras que Cuba, Bolivia y la propia Venezuela integraron el grupo de cinco naciones que rechazaron la continuidad de la comisión.

Argumentos. El representante argentino, Sebastián Rosales, explicó que el cambio a último momento en el voto se dio a raíz de que “el diagnóstico realizado por la FFM (Misión Internacional Independiente) no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y al diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados”. En ese sentido, agregó: “Si bien coincidimos que es el propio gobierno de Venezuela quien debe permitir el acceso de la FFM al país para investigar adecuadamente las denuncias recibidas, la renovación de la FFM en las actuales condiciones solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y el terreno no pueden mejorar los derechos humanos”.