A más de dos años y medio de haber dejado sus cargos como jefe de Gabinete y ministra de Seguridad, Marcos Peña y Patricia Bullrich fueron denunciados penalmente por la Oficina Anticorrupción (OA) por direccionamiento en la licitación para la compra de sistemas de seguridad destinados a pasos fronterizos durante el gobierno de Mauricio Macri. Junto con otros dos funcionarios del PRO, pagaron U$S 5 millones por encima de lo que ofertaba la competencia. ¿Cuáles son las claves de la acusación?

• Denunciados. Además de la presidenta del PRO y el exasesor externo de la campaña de María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires en 2021, también se apunta contra los exfuncionarios Fernando Alberto Fohrig y Gerardo Milman –hoy diputado nacional–. A todos se los acusa de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

• Presunto delito. En el expediente presentado por la OA, se detalla el paso a paso institucional en la licitación, efectuada en 2016, donde los implicados eligieron la opción más costosa “en perjuicio de las arcas estatales”. Además, expresa que "las numerosas irregularidades administrativas descriptas confirman la decisión de obrar en beneficio del consorcio Israel Aeroespace Industries Ltd. (IAI)-ELTA/Rafael Ltd, en forma rauda y expedita, despreocupándose por siquiera disimular mejor la maniobra". El Estado, en tanto, pagó U$S 35 millones por el sistema, U$S 5 millones más que lo que ofrecía la competencia.

• Irregularidades. Según consta en el documento, los cuatro funcionarios aprobaron la adquisición de “aeronaves no aptas para volar en nuestro país al momento de su compra”. Fueron dos vehículos aéreos no tripulados que, al momento de la importación mostraban una incompatibilidad con la normativa vigente en Argentina y, por lo tanto, no estaban autorizados para su uso. "No quedan dudas respecto de la voluntad de favorecer a las firmas ganadoras en perjuicio de la administración pública", plantea el texto.

• Detalle. Para la OA, en la “maniobra” existió un "abuso de poder”, donde los acusados “se habrían excedido en la confianza otorgada o las obligaciones asumidas, violando sus deberes, y abusando de su posición" en la función pública. “Impulsaron y adquirieron un sistema `enlatado` sin previsión alguna de su adaptabilidad a la realidad y a la normativa vigente en el país, por razones ajenas al interés público y en perjuicio del patrimonio estatal”, expresó el organismo.