El video escandaloso de la Gestapo antisindical, detonó un campo minado para la oposición. Uno de los primeros explosivos tiene la etiqueta de Julio Conte Grand, el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires. En la pieza deliberadamente filmada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en junio de 2017, uno de los implicados mencionó al funcionario judicial como parte de la estrategia para la persecución del sindicalista platense Juan Pablo ‘Pata’ Medina.

En consecuencia, el bloque del Frente de Todos (FDT) de la Cámara de Diputados bonaerense presentó un pedido de juicio político contra el Procurador por “mal desempeño”, “falta de cumplimiento de los deberes de su cargo”, “abuso de autoridad” y “asociación ilícita”. Lo cierto es que la intención del oficialismo de desplazar a Conte Grand de su cargo lleva larga data y el polémico video fue "la gota que rebalsó el vaso".

El poroteo en la Legislatura

¿Cuáles son las posibilidades de que avance el juicio político? Es una incógnita todavía. El bloque oficialismo tiene 43 bancas, cinco menos de las necesarias para conseguir el quórum, habilitar su tratamiento y comenzar la investigación. Sin embargo, apuntará a conseguir el apoyo del monobloque 17 de noviembre y de los bloques minoritarios de Avanza Libertad y de la Izquierda. En el caso de los últimos, afirmaron a este medio: “En principio el juicio lo acompañamos. Pero hay que ver el proyecto en concreto y que tratamiento tiene”. Por su parte, los liberales manifestaron que aún están discutiéndolo. “No queremos errarle. Hay que ver bien el grado de responsabilidad real y que no sea solo una ‘vendetta’ política”, precisaron.

Sin embargo, para que pase al Senado, el oficialismo deberá lograr el consenso de los dos tercios de la Cámara, una tarea sustancialmente más compleja dado que el resto de los legisladores forman parte de la principal coalición opositora. Desde el bloque presidido por Cesar Valicenti anticiparon que esperan que el tratamiento se produzca en dos semanas o como mucho tres en una sesión extraordinaria. En tanto, la semana próxima comenzará el diálogo “con todos los bloques de la oposición”.

El vicepresidente segundo de la Cámara, Rubén Eslaiman; el titular del bloque del Frente de Todos, Cesar Valicenti y su vice Susana González, durante la presentación del pedido de juicio político.
El vicepresidente segundo de la Cámara, Rubén Eslaiman; el titular del bloque del Frente de Todos, Cesar Valicenti y su vice Susana González, durante la presentación del pedido de juicio político.

“Yo creo que vamos a lograr primero que la denuncia pase y después el dictamen”, dijo esperanzada a El Canciller una importante diputada del universo K. “Sería un collar de melones que ellos no acompañaran esta investigación teniendo en cuenta que son tan enérgicos y vehementes en su discurso cuando hablan de las instituciones y la República”, sostuvo. Lo cierto es que el oficialismo presentó el pedido en el marco de la institucionalidad que delimita la Constitución provincial y la Ley de Juicio Político. “Quiero creer que no van a querer quedar en un lugar de complicidad para defender a una persona que además los espió a ellos también”, ironizó la parlamentaria.

¿Juntos?

En La Plata apuestan a que la postura de Juntos no sea unificada y coquetean los sectores ligados especialmente a la Unión Cívica Radical (UCR) y a la Coalición Cívica-ARI (CC-ARI).

Sin embargo, desde el radicalismo aseguraron a El Canciller que se trata de “oportunismo contra un Procurador que hace rato quieren sacar”, que “no se sabe cómo termina el cuento” a partir de los dichos de Marcelo Villegas en el polémico video, pero que igualmente en la coalición subyace la idea de que “nadie lo va a entregar”.

Si bien no integra formalmente el interbloque, Cambio Federal –de Martín Domínguez Yelpo y Walter Carusso– respaldó en las últimas horas a Conte Grand y dijo en un comunicado que “la denuncia no tiene consistencia jurídica, es para la tribuna” y que “no se puede empezar una caza de brujas porque haya sido nombrado en un video”.

El peronismo considera que las diferencias internas del PRO en la discusión por las reelecciones indefinidas de los intendentes abrieron una puerta en términos de negociación. Específicamente dirigen los cañones de persuasión hacia aquellos representantes de sectores que fueron espiados por sus mismos aliados. No obstante, desde el intendentismo amarillo del conurbano afirmaron a este medio no habilitarán el tratamiento. Y respecto de la estrategia de buscar el sector díscolo de la fuerza opositora, un hombre cercano a un importante jefe comunal del Conurbano descartó: “No veo margen para eso”.

Hacerlos comerse el sapo

El oficialismo se enfrenta a una labor compleja. No todos los alfiles peronistas tienen el mismo optimismo. “La veo complicada, no creo que lleguemos al número”, se sinceró una figura de la Primera sección. “Hay divisiones en Juntos pero, después, a la hora de la verdad y sobre todo en estos temas, se terminan abroquelando. Sobre todo por el peso que tiene Macri y cómo se maneja con sus aliados”, desarrolló.

Es probable que la estrategia del espacio comandado por Federico Otermín y Valicenti tenga otro propósito más que lograr que se produzca el juicio efectivamente. En este sentido, un diputado pejotista explicó: “Está bueno que lo pongamos arriba de la mesa y de última que los que sostengan al Procurador tengan un costo político”. En otras palabras, que la oposición se vea obligada a comerse le sapo de defender a un funcionario señalado como ariete de la persecución.