El Gobierno prorrogó este viernes las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 15 de febrero, en momentos en que el oficialismo de la Cámara de Diputados acelera los contactos informales con los legisladores de los bloques considerados dialoguistas para terminar de pulir algunos aspectos del proyecto de “ley ómnibus”, con el objetivo de emitir dictamen en el plenario de comisiones entre lunes y martes de la semana próxima, y llevar la iniciativa al recinto el jueves 25, un día después del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Para poder cumplir con estos tiempos, el Poder Ejecutivo estableció la prórroga del período de sesiones extraordinarias, en principio convocadas entre el 26 de diciembre y el 31 de enero, teniendo en cuenta que el reglamento de la Cámara baja exige que los dictámenes sean firmados 10 días antes del final del período en el cual el Congreso está habilitado para funcionar.

Además, esta extensión también habilita a que el Senado tanga más margen para trabajar con un borrador que circula en los despachos de La Libertad Avanza, que marca un posible dictamen el 31 de enero y su tratamiento en el recinto de la Cámara alta el 7 o el 14 de febrero.

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Además de “estirar” las sesiones, el Ejecutivo incluyó en el temario para abordar en este período nuevas modificaciones al Código Penal y a la Ley de Prevención de Lavados de Activos, y el permiso para que tropas de Estados Unidos ingresen a la Argentina para un ejercicio militar.

Las negociaciones en Diputados avanzaron con firmeza en la noche del jueves, cuando los emisarios del Gobierno, el titular de la Cámara baja, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunieron con representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), del PRO, de Hacemos Coalición Federal y de Innovación Federal. 

El consenso al que se llegó está basado en la posibilidad de modificar aspectos de la iniciativa vinculados con la movilidad jubilatoria, las retenciones a las exportaciones de las economías regionales, privatizaciones de empresas públicas y facultades delegadas, entre otros. 

Otro punto clave del acuerdo sería eliminar el artículo para ratificar el DNU 70/2023, que se debatirá en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, aunque ésta aún no se conformó porque hay diferencias entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria sobre la cantidad de integrantes que le corresponden al kirchnerismo.

El principio de acuerdo propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia solicitada por 4 años a un año, más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo (lo que suma dos en total), y eliminar las facultades delegadas en materia de defensa, social, previsional y sanitaria.

Otros ítems cruciales que reclama la oposición se relacionan con la limitación a la facultad para aumentar los derechos de exportación y la obligatoriedad de que el Poder Ejecutivo tenga el aval del Congreso antes de “liquidar los activos” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

La nueva oferta del oficialismo incluye, asimismo, muchos de los cambios sugeridos en materia de pesca, hidrocarburos y biocombustibles, y la derogación de la Ley de Azúcar, y descarta la pretendida reforma electoral por uninominalidad de jurisdicción, aunque mantiene la eliminación de las PASO.

Existían diferencias, aún, en el punteo de empresas públicas sujetas a privatización. Si bien el Gobierno accedió a quitar a YPF del listado, el bloque radical también pide dejar al margen al Banco Nación y a Arsat.

En relación a la cuestión previsional, Francos adelantó en declaraciones públicas que están en estudio "dos o tres alternativas" para fijar los aumentos de los ingresos de los jubilados. Dejar la fórmula de movilidad como está sería una de ellas, mientras que las otras podrían estar relacionadas con “generar la actualización con algún índice”, por ejemplo, el de inflación.

Los avances fueron destacadas este viernes por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien puso de relieve el apoyo de "un sector de la oposición" al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, al igual que el de los empresarios pyme y de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Por su parte, en declaraciones radiales, el diputado Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal) calificó de "cordial" la reunión que ese espacio político mantuvo con funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza para buscar un acuerdo sobre la ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", y señaló que se explicaron las discrepancias "con altura y sustancia".

Desde la oposición más dura, el jefe de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó los acuerdos entre legisladores del oficialismo y los dialoguistas, y afirmó que "están por abrir la puerta al poder absoluto" en manos del presidente Javier Milei. “Lo hacen en una negociación a espaldas del Congreso”, consideró.

A esos cuestionamientos se sumó un grupo de 10 de los 34 diputados que integran el bloque de la UCR, que se diferenció del resto de la bancada y le solicitó el jueves al Poder Ejecutivo que extendiera las sesiones ordinarias del Congreso hasta fin de febrero para "dar el debido y adecuado tratamiento" al proyecto.

Encabezado por el bonaerense Facundo Manes, el mendocino Julio Cobos y el formoseño Fernando Carbajal, este grupo se debate entre "no claudicar ante la inflexibilidad" del Gobierno y "no quedar votando junto al kirchnerismo", mientras mira con recelo "el silencio sobre las definiciones del sector de Martín Lousteau".

En cuanto al escenario de cara a una posible sesión, La Libertad Avanza parte de sus 38 diputados propios y puede sumar siete apoyos con los aliados de Buenos Aires Libre, Unión Mendocina, Creo, Avanza Libertad y Producción y Trabajo, con los que alcanzaría 45 votos.

Con este escenario requiere el respaldo de la mayoría de los diputados del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para alcanzar los 129 del quórum y de la mayoría para las votaciones.