A 14 meses del comienzo de las pesquisas que destaparon la olla, el exdiputado misionero Germán Kiczka aseguró este martes ser víctima de una "persecución política", al declarar en la segunda audiencia del juicio que el Tribunal Penal N°1 de Posadas tramita en su contra y de su hermano Sebastián por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

Al brindar un breve testimonio, el exlegislador volvió a desvincularse del delito y sostuvo que aún se percibe diputado pese a que la Legislatura misionera lo expulsó de su cargo en agosto pasado.

Tras negar haberse fugado cuando estalló el escándalo, admitió haber buscado y descargado videos pornográficos, "pero no con menores de 13 años".

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El primero en sentarse ante los jueces fue su hermano, quien, por el contrario, admitió que era suya la nota que le envió al juez de Instrucción de Apóstoles, Miguel Faría, haciéndose cargo del contenido de material de abuso sexual infantil que los peritos de la secretaría de Apoyo a las Investigaciones Complejas halló en una notebook secuestrada en febrero del año pasado en la casa que el docente de Bellas Artes compartía con sus padres.

En otra breve exposición, Sebastián Kiczka reconoció que era asiduo consumidor de ese tipo de videos, aunque no admitió haberlos compartido con otros usuarios. Su declaración fue coincidente con lo que había adelantado su abogado, Eduardo Paredes, quien consideró que su cliente debía ser sometido a un tratamiento interdisciplinario por orden judicial.

También le pidió disculpas a su hermano menor por haberlo involucrado en el escándalo, que se destapó en agosto del año pasado tras una denuncia de la organización internacional Guardianes Digitales por la Niñez, que detectó varios usuarios que compartían ese material en Argentina y otros países de Sudamérica. Una de las direcciones IP correspondía a la vivienda de los padres de los Kiczka, en el barrio Illia de la localidad de Apóstoles, que fue allanada en febrero.

El proceso comenzó el lunes en el Palacio de Justicia de Misiones y está a cargo de los jueces Gustavo Arnaldo Bernie, Viviana Gladis Cukla y César Antonio Yaya. En el expediente hay 603 videos con contenido de menores de edad en situaciones de abuso sexual, violación y ultraje.

Kiczka y su hermano fueron apuntados por los delitos de "tenencia, facilitación y distribución de MASI, agravado por ser las víctimas menores de 13 años y abuso sexual sin acceso carnal en concurso real". La pena rondaría en hasta seis años de prisión efectiva en el caso de ser encontrados culpables por los magistrados.

Mientras que está previsto que el debate oral finalice el próximo 16 de abril, las únicas jornadas abiertas que siguen luego de esta apertura de alegatos, serán el cierre de argumentos de todas las partes y el veredicto. Además, fue solicitado que se preserve el anonimato de los 61 testigos que se espera que brinden sus declaraciones.