Bajar retenciones, no privatizar YPF y limitar las facultades delegadas: los cambios que hizo el Gobierno para aprobar la Ley Ómnibus
La oposición dialoguista analiza las correcciones introducidas por el Poder Ejecutivo, que busca encaminar la media sanción del proyecto en Diputados. La movilidad jubilatoria continúa en debate.
Después de dos semanas de arduas negociaciones, la oposición “dialoguista” analiza por estas horas el documento con correcciones al proyecto de “ley ómnibus” que el Gobierno le envió este jueves, con el objetivo de que la megainiciativa sea dictaminada en el plenario de comisiones de Diputados entre el lunes y el martes próximos, y debatida en el pleno de la Cámara baja a partir del jueves. Entre los principales cambios introducidos por La Libertad Avanza, a pedido del PRO, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, figuran la eliminación de las retenciones a las economías regionales, la reducción de dos a un año de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo y la quita de YPF del listado de empresas públicas sujetas a privatización.
El texto, de ocho carillas y que fue entregado a los legisladores por los dos principales negociadores políticos del presidente Javier Milei, su asesor Santiago Caputo y el ministro del Interior, Guillermo Francos, también incluye la reducción de las emergencias declaradas, la limitación a la facultad para aumentar los derechos de exportación y la obligatoriedad de que el Poder Ejecutivo tenga el aval del Congreso antes de “liquidar los activos” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
Contrario a lo que se pensaba, las modificaciones no aluden a la implementación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria atada al índice de inflación, como reclama la oposición, aunque fuentes oficiales aseguraron que este tema aún está abierto a la discusión.
TE PODRÍA INTERESAR: Milei regresó a la Argentina y se enfoca en el avance de las reformas en el Congreso
El documento incluye muchos de los cambios sugeridos en materia de pesca e hidrocarburos, la derogación de la Ley de Azúcar y descarta la pretendida reforma electoral por uninominalidad de jurisdicción, aunque mantiene la eliminación de las PASO, como propuso el Gobierno.
También se conservan los requisitos actuales para el Síndico General de la Nación en 8 años, lo mismo que para la Oficina Anticorrupción, elimina el capítulo de la Ley de Sociedades, introduce cambios en materia de biocombustibles e incluye a las provincias en las mesas técnicas de trabajo en el capítulo de transición energética.
El Gobierno comenzó a cerrar los acuerdos en una serie de reuniones que Caputo, Francos y el titular de la Cámara baja, Martín Menem, mantuvieron este jueves, por separado, con la oposición “blanda”.
El primero en confirmar este extremo fue el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, quien calificó de “muy bueno” el encuentro y elogió la “receptividad” del Ejecutivo a aceptar las recomendaciones de los opositores.
Los emisarios del oficialismo también se reunieron con el titular de la bancada de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y con la legisladora de ese mismo espacio María Eugenia Vidal, así como con el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, quien estuvo acompañado por sus compañeros de Cambio Federal Emilio Monzó, Nicolás Massot y Ricardo López Murphy, además de Florencio Randazzo (Hacemos por Nuestro País), Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Pamela Calletti (Innovación Federal).
Los cónclaves excluyeron a los diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, bancadas con las que La Libertad Avanza estima que no hay ninguna posibilidad de acuerdo.
Con la negociación a punto de sellarse, el nuevo objetivo que se impuso el Gobierno es que entre lunes y martes la iniciativa se dictamine en el plenario de comisiones de Diputados en el que se discute desde la semana pasada, y que comience a ser debatida en el recinto el jueves 25, un día después del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), con el apoyo de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), de diversas organizaciones sociales y de Unión por la Patria, que anunció que “acompañará” la movilización de protesta.
Estos plazos quedaron algo lejanos a los pretendidos en un principio. Los libertarios querían tratar la iniciativa en el recinto de la Cámara baja este mismo sábado 20, aunque esta posibilidad comenzó a desvanecerse ante la falta de acuerdos.