Desde que salió, la Ley de Alquileres acumuló críticas de casi todos los sectores sociales y políticos. La norma que había sido inicialmente impulsada por el exdiputado nacional del PRO, Daniel Lipovetsky, y aprobada con el aval del actual oficialismo, comenzó a ser cuestionada en 2020, y al año siguiente comenzó a debatirse la necesidad de modificar la legislación en ese tema. A principios de 2022, empezaron a materializarse propuestas parlamentarias en ese sentido. ¿En qué quedaron?

• Tres dictámenes. El mes pasado, en el plenario de la comisión de Legislación General, se firmaron tres documentos. Uno por parte del Frente de Todos (FDT), otro de Juntos por el Cambio (JxC) y otro de Graciela Camaño, de Interbloque Federal (IF), y Agustín Domínguez, Juntos Somos Río Negro (JSRN). Al incluirse beneficios fiscales para los propietarios y los inquilinos en dos de los tres despachos, debían pasar también por Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller. El debate quedó pendiente: en el oficialismo lo demoran porque saben que no cuentan con los avales suficientes para imponer su despacho.

• Envión. En la última sesión de la Cámara de Diputados, el scrum opositor –conformado por 17 bloques– dio el batacazo con el tratamiento y la media sanción del proyecto para la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), una iniciativa que el Gobierno rechaza por completo, pero que no pudo frenar en el recinto presidido por Sergio Massa. Los 132 votos a favor permitieron a la oposición marcarle la agenda parlamentaria al oficialismo. Envalentonados, muchos legisladores proponen que esa mayoría circunstancial se sostenga para habilitar el tratamiento de proyectos que, si fuera por el FDT, no avanzarían: ahora irán por la Ley de Alquileres.

• Consenso. Los diputados de JxC, Emilio Monzó, Alejandro Cacace y Carla Carrizo negocian con IF para acercar posiciones respecto a la iniciativa hoy paralizada. La idea es unificar los dos dictámenes que propusieron ambas fuerzas en comisión. Al contar uno de ellos con la autoría de del rionegrino Domínguez, podría implicar también el acompañamiento de JSRN, tal como sucedió con la BUP. Tampoco se descarta el apoyo de los dos diputados del Frente de la Concordia Misionero, que en la última sesión no votaron en contra, sino que simplemente se fueron del recinto justo antes de la votación.

• Puntos en discusión. La principal cuestión en la que deben ponerse de acuerdo es en torno a las “exenciones fiscales” de ambos proyectos. Aunque, sí hay consenso ya en los plazos de los contratos y en que el ajuste del alquiler se defina entre las partes, por intervalos no menores a seis meses, con la posibilidad de utilizar índices oficiales –o lo que las partes acuerden– y sin tope. Ni bien llegue a buen puerto, la oposición pedirá un nuevo plenario para volver a dictaminar. Pero, en caso de que la presidencia de la Cámara no apruebe el pedido, ambos interbloques intentarán llegar a un punto en común en el recinto.