Presos políticos: un debate insólito y la tarea de la Justicia
El insólito debate público que enfrentó en los últimos días al kirchnerismo con el "albertismo" sobre la supuesta existencia de "presos políticos" en la Argentina es muy fácilmente zanjable con la corroboración de fallos judiciales que se producen casi todas las semanas en las causas que investigan casos de corrupción y en las que intervienen no uno sino varios jueces que deben seguir las normas y procedimientos y aplicar el Derecho.
En la última semana hubo al menos tres, por citar algunos, que ratifican o rectifican resoluciones atinentes a emblemáticos funcionarios del kirchnerismo, según las carátulas de esos expedientes, o allegados a ellos como los detenidos Amado Boudou y Lázaro Báez y la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández.
En el caso de esta última, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal devolvió este jueves a la sala III los expedientes de apelación que ella le había remitido vinculados con la llamada "causa de los cuadernos". Ahora será la sala III la habilitada a intervenir y si ésta no los acepta será la presidencia de la Cámara de Casación la que dirimirá qué tribunal es el competente. Se trata de una cuestión técnica, de proceso penal, pero también de un sistema que funciona. En este caso, qué jueces de tercera instancia resolverán en el caso que supuestamente más preocupa a la vicepresidenta en todos sus problemas judiciales. La causa lleva su nombre.
En el caso de Boudou, ya condenado y con sentencia confirmada por otro tribunal (es decir, una decena de jueces que intervinieron en el asunto, entre la instrucción y la etapa de juicio) por el escándalo de la imprenta Ciccone -fácilmente verificable en la Justicia Comercial y el expediente del concurso de acreedores de esa firma-, la misma sala de la Casación federal le rechazó un recurso extraordinario para habilitarlo a discutir en la Corte Suprema el inicio del cómputo de su pena, de cinco años y diez meses de prisión. Se trata de las causales de excarcelación establecidas por ley y por unanimidad en una comisión del Congreso antes del cambio de gobierno en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, "la llave" de la anunciada reforma judicial.
Boudou es uno de los llamados "presos políticos", pese a que ya tiene una condena confirmada por un caso que fue bastante público. La Corte es su última chance. Lo de Báez, aún no condenado pero todavía con prisión preventiva por otras causas que la que motivó su detención en abril de 2016, es algo parecido. El mismo tribunal le rechazó un recurso para ir a la Corte a reclamar la suspensión del juicio que se le sigue por la llamada "ruta del dinero K". Es decir, todos los llamados "presos políticos" tienen procesos penales, como cualquier otra persona de las miles que pasan por una situación similar por cuestiones distintas a la corrupción por la Justicia, con su derecho de defensa y con fallos de varios jueces que en su mayoría les son desfavorables y, para peor y no pequeña diferencia, ya fueron condenados por un tribunal de juicio.
La Justicia, con todos sus defectos, no es sólo un Claudio Bonadio, el juez recientemente fallecido y que concentró la mayoría de causas contra la ahora vicepresidenta y denostado por ella y referentes kirchneristas por supuestas arbitrariedades -muchas de ellas anuladas por sus jueces superiores-, sino también otros magistrados de instancias superiores que ratifican o rectifican a esos jueces que investigan los casos.
Varias de estas causas, incluidas las de Bonadio, ya pasaron por la Corte, que no se metió en el fondo y ratificó las actuaciones porque aún no había sentencias sino sólo procesos. Es decir, si se suma a los cinco jueces de la Corte, en algunos de los procesos intervinieron unos quince magistrados. Difícil de creer que todos ellos hayan rubricado decisiones injustas o no ajustadas a derecho sabiendo que son pasibles de sanciones que hasta le podrían hacer perder el cargo.
La primera piedra sobre el tema la tiró el ahora "preso domiciliario" ex ministro de Planificación Julio de Vido a través de las redes sociales. Este jueves utilizó la misma vía para difundir un encuentro en su casa con otros dirigentes políticos en el que se reclamó una reforma de la Constitución para "restaurar la vigencia de los principios básicos" que ella tenía al ser redactada en 1949 durante el gobierno de Juan Perón.
No está de más recordar que De Vido fue condenado a cinco años de cárcel por su responsabilidad en la llamada "tragedia de Once", un accidente de tren que le costó la vida a 52 personas y que la Justicia determinó que obedeció a la mala administración del transporte público de pasajeros. Y tiene otros procesos penales, incluso ya elevados a juicio, como presuntos actos de corrupción con dineros públicos destinados a la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
La escalada de declaraciones desde el lado del kirchnerismo fue tal que llevó al presidente Alberto Fernández a responder que en su gobierno "no hay presos políticos". El presidente de la Nación volvió a girar su discurso en torno a sus aliados kirchneristas al afirmar este jueves que la Argentina necesita "una justicia que actúe contra el crimen organizado y los delitos de corrupción en vez de perseguir a políticos". "Tenemos que tener una justicia federal que se aboque a estos temas y se olvide de la política", completó de manera ambigua. Lamentable o agraciadamente, castigar la corrupción es investigar a los políticos corruptos. Y esa es justamente la tarea de la Justicia.