La semana después
El principio de acuerdo entre Argentina y sus acreedores para la reestructuración de bonos bajo ley extranjera fue un triunfo transversal de esos que el Gobierno añoraba desde el inicio de su gestión. En efecto, con excepción de algunas apariciones marginales, hubo consenso en todo el arco político respecto al logro que significó el haber concluido con éxito las negociaciones. Sumado al apoyo prácticamente unánime en el Congreso para el canje de deuda bajo legislación local, se generó la semana pasada una pequeña postal de coincidencias básicas que se parece mucho al anhelo albertista de una política un poco más tranquila. La cuestión, ahora, es hacerlo durar, aunque sea un poco más que aquella efímera ilusión de unidad nacional que signó el inicio de la pandemia.
En esa sintonía, el Gobierno aprovechó la oportunidad para ensayar una suerte de relanzamiento de su gestión impulsando una agenda positiva y suspendiendo potenciales focos de conflicto. La reforma judicial pasó a modo silencioso y en su lugar se priorizaron anuncios de reactivación. El principal fue la presentación del nuevo Procrear, que más allá de empatizar con la problemática siempre vigente de la vivienda es principalmente un instrumento clave para apuntalar el rubro de la construcción, que deberá ser uno de los motores del rebote económico.
La noticia del arreglo de deuda no sólo le permitió al Gobierno reposicionarse de cara a la sociedad, sino que aparenta haber alterado también la relación de fuerzas dentro del propio Gabinete. Hasta ahora restringido por la agenda de la negociación con los bonistas, que de forma más o menos explícita fungía también de período de prueba, a partir de esta semana Martín Guzmán cuenta con otro peso específico. La novedad es que el ministro parece dispuesto a utilizar el capital político adquirido para intervenir con más determinación en el rumbo económico y abandonar el lugar de secretario de Finanzas con rango ministerial al que lo ataba la misión principal para la que fue convocado. En el road show local que realizó en los medios tras confirmarse el acuerdo, se lo vio dar por primera vez, aunque sin abandonar su cautela habitual, definiciones concretas sobre aspectos de gestión que hacen a su competencia, pero involucran otras áreas económicas. La situación cada vez más crítica de YPF, el inminente descongelamiento de tarifas o la necesidad de corregir un sistema financiero que sigue sin volcarse a la actividad productiva, formaron parte del menú de declaraciones del ministro en los últimos días y presagian una mayor intervención en su resolución.
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Más allá del papel concreto que tenga Guzmán en el abordaje de estas cuestiones de aquí en adelante, lo que adelantan estos movimientos es que, a nueve meses, en materia económica este es aún un equipo en construcción. Por lo demás, a medida que se despejan temas urgentes sobre los que había una hoja de ruta más o menos clara, como la reestructuración de la deuda, comienzan a abordarse desafíos sobre los que todavía no parecen existir definiciones cerradas dentro del Gobierno.
Tal vez en el aspecto más claro en donde se evidencia la necesidad de determinar un rumbo sustentable es en el frente cambiario, que aún en esta semana de paz continúo presentando una dinámica compleja. En lo que va de agosto el Banco Central vendió ya más de 400 millones de dólares, a pesar del acuerdo con los bonistas. Hasta el momento, la política de goteo silencioso de reservas se sostenía bajo dos argumentos: la pandemia no brinda margen para acelerar la devaluación del peso y la presión por hacerlo debería disminuir una vez despejada la incertidumbre por la posibilidad de default.
Sin embargo, el haber evitado el precipicio sólo supuso cortar el riesgo de un desborde, no resolvió las tensiones. Mientras la brecha cambiaria persista en estos niveles, los cuatro millones de personas que mensualmente se abalanzan sobre su cupo de dólar “solidario” seguirán presionando las alicaídas reservas del BCRA. La paulatina reanudación de la actividad económica hará también lo suyo. Ingresando en la parte del año en dónde menguan las liquidaciones de la cosecha y estando aún lejana la posibilidad del ingreso de dólares por financiamiento a privados, el esquema de emergencia diseñado para aguantar durante el proceso de reestructuración evidencia un agotamiento que requiere de una rápida reformulación. Probablemente, aquella deberá incluir un deslizamiento más acelerado de la cotización oficial para los próximos meses.
En todo caso, las formas y los tiempos en los que esto ocurra dependerán de definiciones políticas aún pendientes de un Gobierno que, tras pasar airoso el nubarrón de la deuda que tenía delante apenas asumió, deberá ahora fijar con mayor claridad las coordenadas de hacia dónde se propone ir.
