Argentina sufrió un nuevo revés en el juicio que afronta en Estados Unidos por la expropiación de YPF, por el cual la Justicia neoyorquina ordenó que el país debe pagar USD 16.000 millones al fondo inglés Burford Capital, ganador del proceso.

En una audiencia que se llevó a cabo en Manhattan, la jueza Loretta Preska, quien pretende que se demuestre la figura del "alter ego" entre el Estado argentino e YPF y el Banco Central, le exigió al país que entregue un informe detallado de los últimos dos años para demostrar que responden a los mismo intereses.

En diálogo con Todo Noticias, Sebastián Maril, de Latin Advisors y quien sigue minuciosamente cada instancia del proceso judicial, recordó que los beneficiarios del fallo están buscando cobrar mediante embargos a activos argentinos, en la convicción de que el Estado no se hará cargo del pago.

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Burford Capital ya había reclamado en febrero pasado información acerca de las acciones de la petrolera en manos del Estado y sobre otras expropiadas a Repsol, así como cuentas y activos valuados en USD 1 millón o más, el swap de monedas con China, concesiones para la exploración de recursos naturales y situación de Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa y Banco Nación.

"Como Argentina no depositó garantías, los beneficiarios pueden pedir embargos. Para avanzar en ellos, le pidió un montón de documentos sobre los bienes a la Argentina. El país no está produciendo esa información, porque argumenta que son bienes no embargables", indicó Maril.

Mientras se cursan estos pedidos y audiencias en el tribunal del Preska, la Argentina apeló el fallo condenatorio en primera instancia y espera la decisión de fondo de la Cámara de Apelaciones. Esa nueva sentencia podría tardar al menos un año.  

En septiembre último, la jueza condenó al Estado argentino a pagar USD 16.100 millones por el trato desigual a los accionistas minoritarios de YPF al momento de la estatización, en 2012, durante el Gobierno de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof como ministro de Economía.

Ese juicio lo ganó el estudio inglés Burford Capital, que hace años compró el derecho a litigar a socios minoritarios de la empresa que aseguraron haber sido perjudicados porque Argentina no les dio el mismo tratamiento que a la española Repsol, a la que en 2012 se le adquirió su paquete accionario por unos USD 5.000 millones.

En los últimos días de 2023, el presidente Javier Milei aseguró que Argentina no dispone del dinero para hacer frente al juicio, aunque dijo que sí tiene "willing to pay" (voluntad de pago). E incluso manifestó que propondría un nuevo impuesto para cancelar la deuda, al que llamó "tasa Kicillof", para que los argentinos recordaran los "desaguisados" del actual gobernador bonaerense.