Luego de que el Gobierno anunciara la eliminación del capítulo fiscal del proyecto de la Ley Ómnibus, que incluía la reforma a la movilidad, y mientras los jubilados se encuentran atravesando por lo que muchos analistas califican como la peor crisis de su historia, se dificulta la posibilidad de alcanzar el déficit cero, meta clave para Javier Milei de la cual el sector pasivo de la sociedad es considerado el talón de Aquiles.

Tras la marcha atrás en la modificación de la nueva fórmula de ajuste jubilatorio, los aumentos de los haberes se seguirán rigiendo según el esquema actual trimestral. Se trata de una enorme masa de personas a las que el Estado les paga cada mes, y que implica una erogación que es una gran traba para el intento libertario de no gastar más de lo que ingresa en sus arcas. Pero, a la vez, se trata -en la mayoría de los casos- de ingresos magros que no permiten a muchos de sus beneficiarios llegar a fin de mes o cubrir sus necesidades básicas.

Según datos oficiales, en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hay alrededor de 7 millones de prestaciones del régimen general, mientras que 240.000 son de regímenes especiales. Además, hay 982.902 beneficios de regímenes provinciales, 13.197 de los municipales y unos 48.200 retiros de regímenes como los de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario y guardaparques. En tanto, las pensiones no contributivas son casi 1,6 millones, mientras que por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) hay unas 300.000 prestaciones.

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En este marco, especialistas previsionales advirtieron que el régimen actual es imposible de sostener a mediano plazo, ya que en el sistema aportan apenas 6 millones de personas sobre un total estimado de 14 millones de trabajadores. 

Las prestaciones de la seguridad social (jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y por hijo) representan el 46,2% de los gastos previstos en el Presupuesto Nacional 2024. Esto son $31.114.312,3 anuales, sobre un total de $67.341.924,2 previstos.

El economista Jorge Colina, director de la consultora Idesa -cofundada por el director ejecutivo actual de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Osvaldo Giordano- consideró que más que de “reforma jubilatoria" o de “ajuste" hay que hablar de un “ordenamiento". A su vez, advirtió que “no se pueden seguir renovando las moratorias" y, en cambio, recomendó mejorar la PUAM, creada en 2016.

Por su parte, el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Oscar Cetrángolo sostuvo que el problema reside en que en la Argentina hay más jubilados por moratoria que por régimen regular. Además, se refirió a la existencia, en los últimos cinco años, de un ajuste fiscal sobre las jubilaciones “por el uso de la fórmula de movilidad, que da índices que quedan rezagados con una inflación creciente". 

En la actualidad, y hasta marzo, cuando será la próxima actualización, la jubilación mínima se ubica en $105.000, mientras que la Canasta Básica de las Personas Mayores arrojó en su última medición, publicada el 6 de octubre de 2023, un valor de $313.000, con gastos de vivienda. Esta brecha sideral entre los niveles de ingreso y de precios impide a la gran mayoría de los jubilados subsistir sin caer en la pobreza y la indigencia, en caso de no tener una red de contención familiar o alguna otra entrada para llevar adelante su vida cotidiana.