El Gobierno nacional definió la secuencia y los parámetros que aplicará para una canasta básica energética indispensable, a partir de la cual establecerá un nuevo esquema de subsidios que estará enfocado en la región del país y la conformación del grupo conviviente que recibe el servicio, y no en los ingresos del titular.

De esta forma, la secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, dejará atrás la segmentación de tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red, implementada a partir del decreto 322/2022, en el último tramo de la presidencia de Alberto Fernández, y que tiene en cuenta el nivel de entrada de dinero que poseen aquellas personas a cuyo nombre se encuentran los servicios.

El objetivo de la nueva administración es enfocar los subsidios a partir del establecimiento de una canasta básica energética con volúmenes indispensables de consumo de gas y electricidad por zona bioclimática. La propuesta oficial prevé determinar los ingresos totales del grupo conviviente y un porcentaje de ese ingreso usualmente aplicado a pagar la factura de energía, mientras que el Estado subsidiaría la diferencia en aquellas situaciones de vulnerabilidad.

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Es decir, el subsidio estatal será el diferencial cuando el precio de la canasta básica energética supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente y no del titular del servicio, como es en la actualidad.

En este sentido, está en análisis si la canasta energética que se determinará de acuerdo a las distintas zonas del país implicará la derogación de la ley 27.637, que dispuso la ampliación del régimen de zona fría, vigente hasta el 31 de diciembre de 2031, y la cual reconoce hasta un 50% de los cuadros tarifarios para el gas en redes o en garrafas.

También está en cuestionamiento la continuidad del beneficio que reciben los usuarios de gas natural sin acceso a redes y que usan garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), los cuales obtienen, en el marco del Programa Hogar, un subsidio directo que se paga a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Todas estas definiciones, que darán lugar a la determinación de la asistencia estatal y quiénes serán sus beneficiarios, se tratarán en una audiencia pública, tal como se hizo durante el Gobierno anterior para la segmentación tarifaria por nivel de ingresos.