La economía de la salud privada atraviesa días difíciles. Los gastos y la inversión se multiplicaron con la pandemia, la cooperación se impuso sobre las ganancias y los empresarios del sector vieron aplacado su margen de rentabilidad. Sumado a eso, la obligatoriedad de hacer frente a la paritaria de los trabajadores de ese rubro, que en el 2021 contabilizó un 45%. 

El conflicto se desató a partir del anuncio que hizo la Federación Argentina de Prestadores de Salud sobre la aplicación de un copago de 9% (pago extra por prestación) a partir del 1 de enero de 2022 a todos los pacientes de prepagas u obras sociales. Es que la medicina prepaga otorgó cuatro aumentos de 9% para agosto, septiembre, octubre de este año y enero del 2022 que no se trasladaron a los prestadores, siendo esa una condición que estableció la Superintendencia de Salud.

Con este panorama, el Ministerio de Salud se comprometió a arbitrar la situación y “garantizar” el traslado del 9% por parte de las prepagas y obras sociales a los prestadores. 

Por un lado, la entidad que nuclea a los hospitales privados y sanatorios informó que se encuentran en una “crítica situación económica”. Desde la otra parte, las prepagas aseguraron que era “imposible” cumplir con el incremento del valor de los servicios que establecieron los prestadores. Lo cierto es que de un lado y del otro argumentaron una especie de “desfinanciamiento”. 

Para Marcelo Kaufman, presidente de la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM), “el sistema de salud privado está descalzado financieramente”. Además, el empresario sostuvo que ante el aumento que propusieron las prepagas, los prestadores también buscaron “alternativas para mantener el financiamiento del sistema de salud y sostener los salarios“. 

Con este conflicto en puerta, que recaería sobre los afiliados, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, recordó que con el cobro de copagos las empresas de medicina privada “no están cumpliendo con el acuerdo y la resolución ministerial” que consistía en trasladar los aumentos de las cuotas a los prestadores. Según Kaufman, en la reunión los funcionarios de Salud plantearon que el copago era una medida “incorrecta” y que actuarían con todo “el peso de la legislación” para que las empresas de medicina privada cumplan con lo que corresponde a los nosocomios privados.

Desde el Gobierno, veían al copago del 9% y al aumento de las prepagas del 9% como un doble golpe que tendría que asumir la sociedad. Finalmente, la balanza se inclinó para el lado de los prestadores y de los afiliados. Pero en febrero hay una revisión paritaria del sector que contempla casi un incremento de los salarios de un 10%. En caso de continuar con inconvenientes económicos, el copago se hará realidad para una salud privada que ya se encuentra en terapia intensiva. 

Apego a la ley

El presidente de la Unión de Entidades de Salud, Claudio Belocopitt, dijo a El Canciller que desde las obras sociales y prepagas van a “cumplir la ley”, pero explicó que el “problema se genera porque hay un incumplimiento” de las normas. “La ley dice que la modificación en la estructura de costos y alteraciones en los valores de la cadena requiere la inmediata aprobación de las actualizaciones correspondientes”, remarcó. Y agregó que “algo no cierra” cuando se compara la actualización de tarifas de los últimos 24 meses con la inflación del mismo período. 

“El sistema de salud privado en lo económico está muy mal. En la historia de la actividad tuvo el peor año que yo recuerde”, aseguró el dueño de Swiss Medical. “Esto se puede repuntar no dañándolo, no pidiéndole al sector cosas que son imposibles”, comentó a este medio, y ejemplificó: “Si yo te pido a vos que vueles, no volás. Si te pido que gastes 100, pero los insumos valen 150, no se puede”. 

Al ser consultado si desde la cámara empresarial se sintieron perjudicados, fue prudente al decir que el peso de la legislación “tiene que caerle con todo a las empresas y a los funcionarios que incumplan la ley”.