En un acto en Santa Fe, junto al gobernador Omar Perotti y el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, el presidente Alberto Fernández reiteró su pedido de una reforma judicial y apuntó contra los diputados de la oposición que al no acompañar la iniciativa, bloquearon su sanción desde fines de 2020 y durante todo 2021. “No lo hicieron y lograron la impunidad de los narcotraficantes”, lanzó el mandatario. ¿En qué quedó la propuesta del jefe de Estado?

Origen. En julio de 2020, Fernández presentó el proyecto de "Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal”, que unificaba los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal, con el objetivo de licuar el poder de Comodoro Py. Además, para aconsejarse en temas vinculados a la reforma, creó la mal llamada “Comisión Beraldi” –por el miembro que también se desempeña como abogado de la Vicepresidenta–, un comité de 11 asesores judiciales.

Congreso. A fines de agosto, el oficialismo aprovechó la mayoría automática que poseía en ese entonces en el Senado –antes de las elecciones del año siguiente– y le dio media sanción al proyecto, con 40 votos a favor y 26 en contra. Mientras, un grupo de manifestantes protestaba alrededor del parlamento en contra de la propuesta. Sin embargo, por la situación de paridad en Diputados la creciente tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema, la Cámara baja frenó el proyecto y lo metió en el freezer.

Ni noticias. Durante su segundo discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el Presidente recordó que su iniciativa seguía congelada y planteó que "la reforma del Poder Judicial en su más amplias dimensiones es una demanda impostergable de la sociedad". Semanas más tarde, el tratamiento seguía paralizado. En declaraciones periodísticas, el exjuez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, planteó que la falta de una reforma puede "obstruir cualquier medida de Gobierno", especialmente las de carácter económico. "Eso inevitablemente va a suceder", agregó.

Otros intentos relacionados. En 2021, el Gobierno se propuso sancionar otros dos proyectos de ley vinculados a la Justicia que se encontraron con el mismo obstáculo: la Cámara baja. Uno proponía elevar de 12 a 46 el número de juzgados de la Justicia Federal Penal de la ciudad de Buenos Aires, donde se investigan las denuncias de presunta corrupción contra el poder central, y creaba nuevos cargos en los tribunales de Apelaciones Federales en las provincias. El segundo fue la reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF), que limitaba el mandato –hoy vitalicio– del Procurador a cinco años –con posibilidad de una renovación– y su designación a mayoría simple en el Senado. Ambos quedaron truncos.

Adiós. El 10 de diciembre se renovaron los diputados a partir de las últimas elecciones legislativas y, como el proyecto nunca fue aprobado por la Cámara presidida por Sergio Massa, perdió estado parlamentario.

Énfasis. El 1 de febrero de este año, un grupo de funcionarios y organizaciones referenciadas en el kirchnerismo se movilizaron a la Plaza Lavalle, frente a Tribunales, para reiterar su pedido de "¡Ahora, ya, reforma judicial!". En un clima de confrontación explícita entre el Gobierno y la CSJN, también se pidió por la renuncia de los ministros del Máximo Tribunal bajo consignas como "fin del lawfare" y "basta de impunidad". A principios de mayo, el reclamo volvió a repetirse en las calles.

Insistencia. El pasado 1 de marzo, durante su último discurso ante la Asamblea Legislativa en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, Fernández volvió a pedir una “reforma integral del sistema de administración de justicia federal”. Además, dijo que existe una “complicidad judicial” con el poder económico. Con un contexto de crisis económica y la interna del Frente de Todos (FDT) a flor de piel, la agenda judicial quedó en un segundo plano, hasta que el Presidente volvió a referirse a ella este miércoles.