El ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, informó este viernes que suspendió el pago a 4.588 titulares del programa "Potenciar trabajo" por supuestas “incompatibilidades”.   

La investigación, llevada a cabo por el fiscal Guillermo Marijuan, arrojó que "luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan".   

Los distritos investigados hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz, se informó en un comunicado.

TE PODRÍA INTERESAR: El Senado definió a los ocho integrantes para la Bicameral que tratará el DNU de Milei

Esta decisión podría ser sólo el comienzo, ya que la Ciudad de Buenos Aires y las nueve jurisdicciones restantes no enviaron la base de datos de sus empleados públicos, lo que fue requerido a fin de cruzarlas a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) con el listado de beneficiarios del programa.  

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó el martes pasado que el Gobierno había iniciado una auditoría “en todos los planes `Potenciar Trabajo´, que son más de un millón, para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta".

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero señaló que, según investigaciones judiciales como la llevada adelante por el fiscal Marijuan, llegarían ser 160 mil los casos en los que se registraron irregularidades de diversa índole.

Marijuan presentó una denuncia penal que tramita en el juzgado federal de María Servini contra eventuales responsables de controlar la adjudicación de planes sociales.

Lo hizo luego de detectar que casi 160.000 beneficiarios de "Potenciar Trabajo" viajaron al exterior, muchos de ellos "en numerosas oportunidades".

El integrante del ministerio público pidió investigar "presuntas conductas ilícitas llevadas a cabo por aquellos funcionarios responsables del otorgamiento y/o contralor del Programa Potenciar Trabajo que, en principio, encuadran en el delito de violación de los deberes de funcionario público".