El Senado nacional designó a sus ocho representantes para la integración de la comisión Bicameral que deberá abordar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 presentado la semana pasada por el presidente Javier Milei con el fin de avanzar en la desregulación de la economía y acelerar una reforma en materia laboral, entre otras medidas contenidas en una normativa con más de 300 iniciativas.

Los designados de la Cámara alta serán el libertario Juan Carlos Pagotto; el radical Víctor Zimmermann; Luis Juez y Juan Carlos Romero, de Juntos por el Cambio; y los peronistas Carlos Espínola, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González.

El jueves de la semana pasada, en medio de las discusiones por el armado del bloque, Unión por la Patria había enviado cuatro nombres, en un intento por imponer un miembro más, que finalmente no prevaleció.

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La Cámara de Diputados, por su parte, todavía no dio a conocer quiénes serán sus representantes en la comisión que discutirá la legalidad del DNU.

Sin embargo, menos los tres de Unión por la Patria, ya se saben los cinco restantes. Por el oficialismo, estarán Oscar Zago y Lisandro Almirón; por el PRO, Hernán Lombardi; por el radicalismo, Francisco Monti; y por Cambio Federal y aliados, Nicolás Massot.

El artículo 6 de la Ley 26.122 -por la cual en 2006 se estableció el trámite que deben seguir los DNU en el Congreso- señala que la Comisión Bicameral Permanente "cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación", con lo cual puede deliberar en cualquier momento. 

Cabe aclarar que, mientras el decreto se trata en el parlamento, continúa teniendo vigencia. Es que, de acuerdo con lo establecido por las normas, los de necesidad y urgencia siguen activos en tanto las dos cámaras del Congreso no rechacen la norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.

Hasta el momento, el Congreso Nacional nunca derogó ningún DNU, pero tampoco se había dictado una norma que contuviese más de trescientas reformas a la legislación vigente en materia económica, laboral y de salud.