El presidente Javier Milei enfrenta este miércoles la primera demostración de fuerzas de los sindicatos, que ante una convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) fueron sumando adhesiones al paro nacional contra el mega Decreto de Necesidad y Urgencia y la llamada “Ley Ómnibus”, con la que el Gobierno puso en marcha su proyecto de reformas políticas y desregulación de la economía. 

Mientras desde el Ejecutivo desestiman la potencia de la medida porque “los argentinos quieren trabajar”, los gremios aseguraron que reunirán a más de 200.000 personas en la marcha y que el acatamiento a la medida será muy alto. 

En una instancia clave para su gestión, la medida de fuerza pone de relieve las tensiones sociales y medirá las fuerzas del oficialismo y de la oposición y los gremios. Otro punto clave es que desafiará el “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La Plaza de Mayo amaneció rodeada de vallas y muros de contención en sus alrededores y desde las primeras horas de la mañana de la que se vislumbra como una jornada muy intensa, los manifestantes comenzaron a nuclearse en los alrededores de la emblemática zona de reclamos sociales y área central de las definiciones políticas en el país.

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Aunque el martes último la Justicia ordenó a las fuerzas federales evitar realizar requisas, sacar fotos o filmar a los manifestantes dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires y los accesos a la Ciudad -o detenerlos sin motivo- dentro de la Capital Federal las autoridades afirmaron que garantizarán el cumplimiento de lo acordado entre los organizadores de la protesta y el gobierno porteño. 

Bullrich, por su parte, fue contundente con el alcance del protocolo de orden público, después de un ida y vuelta retórico con el cosecretario de la CGT, Pablo Moyano, respecto de cómo proceder con la protesta. "Si Moyano quiere, que lleve los trabajadores a upa, pero vamos a cumplir el protocolo", aseguró la Ministra.

Mientras el Gobierno busca bajarle el perfil al paro, la central obrera cosechó adhesiones tanto del sector político opositor más reticente a la Libertad Avanza como de varios sindicatos, organizaciones piqueteras y movimientos sociales. También cuenta con los partidos de izquierda, algunas cámaras empresarias pymes y hasta de ciertos gobernadores peronistas, que respaldaron la lucha contra las decisiones del Ejecutivo.

Uno de los mayores puntos a favor de la medida radica en que los sindicatos de más peso de la Argentina, como los que nuclean a trabajadores del transporte, mercantiles, aeronáuticos, estatales, metrodelegados y bancarios, le dieron el apoyo a la central gremial, que buscará con esta manifestación marcar la cancha al Gobierno, mientras en el Congreso los diputados deberá definir si avanzan las iniciativas del oficialismo.