La cuarta semana de enero promete ser intensa en materia política: mientras el oficialismo pretende dictaminar y sancionar el proyecto “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” o “Ley Ómnibus” en la Cámara de Diputados -en el marco de las sesiones extraordinarias que se prorrogaron hasta el 15 de febrero-, la oposición realizará este miércoles 24 el primer paro general al Gobierno de Javier Milei, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). A su vez, la Justicia tramita diversos amparos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación de la economía, ya vigente parcialmente.

Respecto a la iniciativa de 664 artículos y cientos de páginas que durante dos semanas se analizó en un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de la Cámara baja, desde La Libertad Avanza aspiran a lograr dictaminarla esta semana, tras alcanzar puntos de consenso con los bloques opositores dispuestos a respaldar su propuesta: la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. No obstante, en las últimas horas hubo reunión de los gobernadores de Juntos por el Cambio que puso en duda el dictamen este martes, como espera el Gobierno. 

“Los grandes acuerdos ya estarían cerrados, el capítulo económico se modificaría muy poco. Un 70% de lo que se mandó saldría, todavía hay puntos en discusión pero vamos encaminados en la desregulación de la economía y las facultades delegadas, el martes 23 de enero podría darse el dictamen y el jueves sesionar”, indicaron fuentes del espacio oficialista a la agencia de noticias Télam. Mientras tanto, los mandatarios provinciales reunidos el domingo habrían puesto en duda la adhesión si no se retrotraen los artículos ligados a las retenciones a las exportaciones y a la derogación de la movilidad jubilatoria.

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Aunque desde el oficialismo indicaron que esta semana “puede pasar cualquier cosa”, se mostraron optimistas y aseguraron que los aportes de la oposición dialoguista “fueron tomados en cuenta”, aunque no modificaron la reforma económica y legislativa de fondo. Desde el arco opositor más amigable esperan ver en concreto plasmados los cambios pedidos, que se debatirán este próximo martes en comisión.

Si bien el acuerdo aún no está cerrado, trascendió que las modificaciones comprenderán cuestiones centrales como la fórmula para aumentar las jubilaciones, y está en duda hasta dónde el Gobierno dará el brazo a torcer con las retenciones -uno de los puntos más álgidos de la disputa, sobre todo entre los gobernadores- y el detalle de las empresas a privatizar, de las cuales quedaría excluida YPF.

Sin embargo, la UCR y Hacemos Coalición Federal también pide dejar al margen al Banco Nación, Arsat y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

En caso de lograr el dictamen del proyecto, La Libertad Avanza decidió postergar la sesión en el recinto al jueves, para que no coincida con el paro general y movilización hacia el Congreso que la CGT convocó para el próximo miércoles 24 en rechazo a la “Ley Ómnibus” y a las reformas laborales propuestas en el DNU.

La medida encabezada por la central obrera ya cuenta con la adhesión de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Bancaria, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y movimientos sociales, entre otros gremios.

En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que el Gobierno le descontará el día no trabajado al personal estatal que adhiera a la huelga general, mientras que el mandatario bonaerense Axel Kicillof aseguró que respetará el derecho a huelga y no quitará ingreso a los empleados de la Provincia por esa jornada de lucha.

Por el momento, el capítulo laboral del DNU de 366 artículos que derogan leyes y desregulan la economía se encuentra frenado, debido a que la Cámara del Trabajo dio lugar a medidas cautelares presentadas por la CGT, la CTA y la Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina (FUVA). El pasado 18 de enero, no obstante, la Justicia también hizo lugar a la apelación del Gobierno al fallo que suspendió provisoriamente la reforma y ahora debe definir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Asimismo, este lunes el Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto, el 63/2024, con el que dio marcha atrás a las reformas relacionadas con las recetas de medicamentos -ahora los médicos podrán incluir las marcas comerciales- y la venta libre, que sólo quedó habilitada en comercios fuera de farmacias a analgésicos y antiácidos.