Después de más de cuatro horas de debate, el oficialismo de Diputados logró en la madrugada de este miércoles, con el respaldo de bloques opositores “dialoguistas”, emitir un dictamen de comisión favorable al proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocido como “Ley Ómnibus”, con lo cual esta iniciativa quedó habilitada para ser tratada en una sesión maratónica del pleno de la Cámara baja, que se llevará a cabo en los próximos días.

El dictamen se consiguió en el plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, que el martes retomó a sala llena, tres horas después de lo previsto, la discusión del megaproyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que contempla, entre otras medidas, una emergencia pública, privatizaciones, limitaciones a la protesta, aumento en las retenciones, blanqueo de capitales y una reforma del Estado. 

El despacho de mayoría cosechó 55 firmas de La Libertad Avanza, el PRO y parte de la Unión Cívica Radical (UCR), de Hacemos Coalición Federal y de Innovación Federal, 34 de ellas en disidencia parcial.

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La bancada de Unión por la Patria, por su parte, presentó un dictamen de minoría con 45 firmas, en rechazo al proyecto oficial.

Las disidencias de los legisladores opositores considerados “dialoguistas” están centradas, básicamente, en el aumento de las retenciones, el sistema de actualización de las jubilaciones, el financiamiento político y el mecanismo de privatización de empresas estatales.

Estas diferencias pueden poner en riesgo la aprobación de varios artículos centrales de la ley en la votación en particular, en especial en la de los capítulos previsional y de derechos de exportación del trigo, maíz, carne, soja y productos industriales. 

Al igual que Unión por la Patria, los legisladores de la Coalición Cívica, del socialismo y de GEN, que integran Hacemos Coalición Federal, así como los de la izquierda, presentaron dictámenes de minoría al rechazar los acuerdos con La Libertad Avanza. 

“Tenemos que hacer lo que la Argentina requiere. Entendemos la necesidad de la aprobación de este dictamen ahora, para comenzar un proceso que deje atrás la decadencia en la que nos metió la política y empezar un proyecto de crecimiento”, consideró, al abrir el debate, el libertario bonaerense Santiago Santurio. 

El diputado de la UCR Martín Tetaz adelantó en su intervención que parte de su espacio político acompañaría “en disidencia” al Gobierno “en el proceso de transformar al país” y “sacarlo de la crisis”, pero advirtió que no sería “a costa del ajuste a los jubilados, del aumento a los impuestos a la producción y a la exportación, y mucho menos con el otorgamiento de poderes”.

Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, señaló que el oficialismo “no ha dejado ayudarse” para tener un “debate más serio y ordenado”, y anticipó que su agrupación política presentaría su dictamen propio que no incluiría facultades delegadas al Presidente, que recortaría el número de emergencias, que no aumentaría las retenciones y que respetaría su posición histórica en rechazo al financiamiento privado de las campañas electorales.

“Milei tardó 17 días en enviar este proyecto al Congreso. Se le dio giro a tres comisiones, cuando más de 25 tenían competencia en la iniciativa. Es incomprensible que algo de estas características no haya merecido que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, lo esté explicando y que el ministro de Economía, Luis Caputo, no haya estado acá. Esta ley es invotable”, sentenció Germán Martínez, de Unión por la Patria.

Para Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, este proyecto “tiene nombre y apellido de un lobby empresario” y contiene “un pedido del Fondo Monetario Internacional”. “La Libertad Avanza no acredita los números para aprobar este mamotreto. Quiere borrar 150 años de lucha de la clase trabajadora. Es grave lo que está votando, un Estado policial. Se van a ver las consecuencias próximamente. Miren que (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich fue muchas otras antes y puede ser otras en el futuro. Privatizan las elecciones, es ‘un régimen Donald Trump’. Hay que estar en la calle y movilizarse”, subrayó.

El acuerdo entre el Gobierno y la oposición se destrabó tras las conversaciones emprendidas entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien propuso seis puntos de reforma al proyecto oficialista en nombre de la decena de mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio.

En el caso de la suba de retenciones agropecuarias e industriales, uno de los puntos que más diferencias generó entre el oficialismo y la oposición más blanda, la discusión se producirá cuando se revise en particular ese capítulo del dictamen, de más de 500 artículos. 

La Libertad Avanza, que fue inflexible en ese ítem, aceptó, por el contrario, modificar el referido al blanqueo de capitales, que establecía que la recaudación se iba a destinar a las arcas nacionales. Ahora se eliminó la asignación específica y se distribuirá por el mecanismo de coparticipación federal. 

Otro punto clave está referido a la liquidación de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, recursos que se utilizarán para saldar las deudas de las cajas provinciales. 

También hubo acuerdo en la paritaria docente, que será encarada por el Consejo Federal de Educación en consulta con los ministerios nacional y provinciales, y en el mantenimiento de los fondos fiduciarios Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y para el Desarrollo Provincial (FFDP).

En el dictamen de mayoría se mantiene también el ajuste trimestral a los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual, pero con actualización automática por inflación mensual a partir de abril, se reduce el plazo de las delegaciones legislativas a un año y se elimina a YPF de la lista de empresas sujetas a privatización, en tanto que para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se establece que el Estado solamente puede realizar un cambio de estatus jurídico parcial, debiendo mantener el control de la compañía.

En cuanto al sistema electoral, se aplazó para la discusión en sesiones ordinarias la reforma de las circunscripciones uninominales, la eliminación de las PASO y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados. 

A su vez, el oficialismo mantiene su propuesta para regular la protesta, al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, pero se determina que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de treinta personas en un espacio público, en lugar de cuando se reúnan tres, como establecía la iniciativa original.