Javier Milei expuso en el cierre del Foro Internacional Económico de las Américas, donde enumeró las medidas que tomó en la primera etapa de su gestión y los consecuentes resultados obtenidos. En ese contexto, mientras resumía las iniciativas que permitieron arribar al "déficit fiscal cero" en enero y febrero, anticipó que se darán de baja los 70.000 contratos de empleados públicos que vencen a fin de marzo.

"Estábamos convencidos de llevar adelante un ajuste fiscal, el cual tiene mucho de motosierra y mucho licuadora. Si lo queríamos hacer rápido, había que usar las dos cosas. Hay mucho de licuadora y hay mucho más de motosierra, porque eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo que estoy profundamente orgulloso, siendo que la obra pública es una fuente de corrupción y de robo, algo a lo que toda la gente de bien debería oponerse", destacó el líder libertario. 

"Por otro lado, eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. Echamos 50.000 empleados públicos. Además, se dieron de baja contratos y ahora van a caer 70.000 más. Eliminamos 200.000 programas entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la política social", agregó Milei.

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Así, el mandatario nacional hizo alusión a los vínculos de trabajadores de la Administración Pública Nacional (APN) que habían sido extendidos por tres meses y que estaban bajo la lupa del Gobierno. En ese sentido, en los pasillos de la Casa Rosada ya venían remarcando que "no es despido", sino "la no renovación", que "no es lo mismo". 

Las inminentes bajas responden al decreto 84/2023 publicado en el Boletín Oficial el pasado 23 de diciembre, a través del cual el Poder Ejecutivo estableció renovaciones por un período de tres meses para los trabajadores contratados a partir del 1° de enero de 2023 y, en paralelo, realizó auditorias para relevar cada área y establecer el estado de situación de cada cartera.

Al respecto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, detalló que, de los 71.000 empleados en observación, 65.000 corresponden a vínculos laborales enmarcados en el Artículo 9 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, mientras que otros 6.000 son de los acuerdos conocidos como 1.109, por un decreto de 2017.

"El Gobierno ha instalado una campaña de desprestigio con verdadero éxito. (El ministro de Economía, Luis) Caputo justifica los despidos diciendo que la gente espera que en el Estado quienes prestan servicio estén por vocación de servir", señaló el sindicalista.

Asimismo, puntualizó que, según el titular de la cartera de Hacienda, "muchos están para hacer negocios" y lanzó: "No vaya a ser cosa que el echado por la movilización popular sea él".