Lo que ya era más que un trascendido se convirtió en realidad este sábado. El Gobierno de Nicolás Maduro revocó "de manera inmediata" la autorización a Brasil para custodiar la embajada argentina en Caracas, donde desde marzo pasado están asilados seis dirigentes políticos venezolanos afines a la líder de la oposición María Corina Machado.

"La República Bolivariana de Venezuela ha tomado la decisión de revocar, de manera inmediata, el beneplácito otorgado al Gobierno de la República Federativa de Brasil para ejercer la representación de los intereses de Argentina y sus nacionales en territorio venezolano, así como la custodia de los locales de la misión diplomática, incluido sus bienes y archivos", destacó un comunicado del Ejecutivo chavista.

"Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro Moros y la vicepresidente Delcy Rodríguez Gómez por parte de los prófugos de la Justicia venezolana que permanecen dentro de ella", informó.

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En un comunicado firmado por Diana Mondino, la Cancillería argentina rechazó la decisión "unilateral" del Gobierno venezolano y le advirtió que "debe respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que consagra la inviolabilidad" de las embajadas. 

"Cualquier intento de intromisión o de secuestro de los asilados que permanecen en nuestra residencia oficial será condenado duramente por la comunidad internacional", subrayó la nota oficial, que además agradeció a Brasil "por la protección de los inmuebles argentinos" en Caracas.

El Gobierno brasileño, que había asumido esa representación en agosto, cuando Maduro expulsó de Venezuela al cuerpo diplomático argentino, se manifestó "sorprendido" por esta medida y aseguró que quedará "bajo custodia y defensa de los intereses" de su vecino hasta que la administración de Javier Milei designe otro país para ejercer esas funciones y éste sea aceptado por el régimen bolivariano, de acuerdo a lo establecido en la Convención de Viena.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien el viernes reiteró que no reconoce el resultado de las elecciones venezolanas del 28 de julio e insistió en que Maduro "debe probar" que ganó esos comicios, denunciados como fraudulentos por la oposición que lidera Machado y que postuló como candidato a Edmundo González Urrutia.

Desde la noche del viernes, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) mantienen rodeado al edificio donde funciona la embajada argentina, al que además se le cortó el suministro eléctrico.

La embajada argentina en Caracas cumplió 24 horas sin luz (Video: Alerta Mundial).

"Estamos consternados con lo que está sucediendo, la posible toma de la embajada argentina, que está bajo la bandera brasileña. Ustedes saben que allí hay un equipo de gente que colabora con la campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y está el SEBIN rodeando el edificio con el objetivo de entrar y violar todas las normas internacionales", señaló más temprano la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un mensaje dirigido al pueblo venezolano.

"Este es un llamado a toda la comunidad internacional y a todos los venezolanos a resistir esta brutalidad, una más, del régimen absolutamente autoritario y dictatorial de Nicolás Maduro. Los argentinos estamos decididos a no dejarnos arrebatar ni a que haya una intromisión a nuestra embajada", concluyó la funcionaria.

En la residencia permanecen asilados Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela (VV) -el partido que lidera Machado-; Magalli Meda, jefa de campaña; la coordinadora de Comunicaciones, Claudia Macero; el exdiputado Omar González; el jefe electoral Humberto Villalobos; y el exministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

El asedio comenzó después de que el Gobierno argentino anunciara que el lunes próximo pedirá a la Corte Penal Internacional la detención de Maduro y de otros dirigentes de su administración, tras el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en el país caribeño desde la conclusión de los comicios hasta la actualidad.