Marcha contra la Corte: dardos cruzados entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio
El Gobierno avaló la movilización contra el Máximo Tribunal y los gobernadores y referentes de la oposición manifestaron su repudio.
A raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de derogar la Ley que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en 2006, cuando era senadora nacional, y que redujo la composición del Consejo de la Magistratura a 13 integrantes, el órgano que regula al Poder Judicial fue instado a volver a su conformación original de 20 miembros antes del 15 de abril.
El fallo provocó el malestar del Frente de Todos, pero especialmente en el kirchnerismo, que convocó a una marcha para el próximo martes 1 de febrero a las 18 en contra del Máximo Tribunal y bajo el hashtag #1FMarchamosALaCorte. La confrontación entre el Gobierno y la cúpula judicial lleva varios meses y con importantes hitos de por medio, como la lucha por el traspaso de la coparticipación de la Ciudad a la Provincia de Buenos Aires.
La mirada oficial
La primera figura relevante del Ejecutivo nacional en pronunciarse fue el viceministro de Justicia Juan Martín Mena. "Me parece bien, toda expresión popular directa de la gente siempre la avalo y me parece sano y necesario que la gente se pronuncie y manifieste su opinión", declaró en diálogo con El Destape Radio. A su vez, señaló que se está llegando “a un limite del hartazgo”.
Más tarde, quién se expresó fue el propio Presidente de la Nación. “Con la Corte Suprema hay un problema de funcionamiento muy serio”, sostuvo Alberto Fernández, que mencionó que el cuerpo “sólo tuvo velocidad para actuar en algunos casos” y siguió: “El servicio de Justicia funciona mal no para una exvicepresidente o un Presidente, sino para los ciudadanos”.
La oposición, junta por la Corte
El repudio del amplio arco opositor no tardó en llegar. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, que venía dando indicios de acercamiento con el Gobierno en el tema de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sobre esta cuestión marcó su diferencia: “Los poderes políticos deben ser los primeros en respetar la independencia de la Justicia. En un sistema democrático no se puede descalificar ni presionar tribunales porque no nos gustan sus fallos, menos cuando ese tribunal es la Corte Suprema, órgano máximo del Poder Judicial”, expresó el mandatario provincial.
Pero no fue el único de los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) en manifestar su rechazo. El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta planteó que “le parece gravísimo” que el Presidente avale la marcha y, por lo tanto, un “ataque a la Corte”. Gustavo Valdez, por su parte, dijo que “resulta inadmisible que haya funcionarios que convoquen a movilizaciones contra uno de los tres poderes del Estado” y que el Gobierno “debería repudiar” la marcha y “no promoverla”.
Los jefes de bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica-ARI (CC-ARI) en la Cámara de Diputados también pusieron el grito en el cielo. El radical Mario Negri dijo que la convocatoria “solo puede ser ‘algo bueno’ en las afiebradas mentes del kirchnerismo”; mientras que el lilito Juan Manuel López afirmó: “Siempre Cristina Kirchner intentando dominar el sistema. Si estamos atentos les va a seguir saliendo mal”.
A su vez, Patricia Bullrich, presidenta del PRO nacional, disparó directamente contra Mena: “Estas declaraciones no hacen más que ratificar lo que venimos diciendo: el verdadero plan del Gobierno es colonizar la Justicia para destruir la división de poderes de la República y garantizar la impunidad del kirchnerismo. Seguiremos luchando por una Justicia independiente”.
Una mancha reciente
Del lado del kirchnerismo señalan la hipocresía de una oposición que repudia una marcha contra el Máximo Tribunal a partir de un fallo puntual y recuerdan que en el caso de los halcones de JxC hubo un caso similar en el pasado cercano. A fines de 2020, un grupo de manifestantes convocados de forma expresa por Bullrich y el resto de los duros del PRO, se movilizó a raíz de un fallo de la Corte que establecía que los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli deberían dejar sus cargos en cuanto se eligiesen nuevos magistrados por concurso.