La Justicia citó a indagatoria al referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de planes sociales, y le ordenó al Gobierno que distribuya de inmediato los alimentos retenidos en depósitos oficiales. Las medidas fueron dispuestas por el juez federal Sebastián Casanello, quien convocó al líder piquetero a los tribunales el próximo 25 de junio, mientras que le exigió al ministerio de Capital Humano que en 72 horas informe cuánta comida posee guardada y cómo va a repartirla.

Según la principal hipótesis, el Polo Obrero utilizó "facturación apócrifa" y simuló "gastos no concretados", para "disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos recibido del Estado", según remarcó Casanello. 

Además, el magistrado explicó que la causa comenzó "a través de las voces de quienes denunciaron" a través de la línea 134 del ministerio de Seguridad, quienes se sintieron "obligados a movilizarse a cambio de o para mantener un plan social". "Todas las personas que fueron escuchadas en su calidad de beneficiarias del Potenciar Trabajo indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales, que actuaron como unidades de gestión". 

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Belliboni es parte de una lista de 23 citados, que está conformada por otros dirigentes del Polo Obrero y personas asociadas bajo la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza. 

Por otra parte, el juez federal le solicitó al ministerio de Capital Humano que elabore un informe sobre todos los alimentos que están a la espera de ser distribuidos a comedores sociales, cuya existencia fue denunciada por una investigación periodística la última semana y generó una polémica que escaló hasta la cúpula de la Iglesia.

El pedido judicial al Gobierno consiste en que, "dado que las existencias fueron reconocidas por todas las partes, la cartera que gestiona Sandra Pettovello tendrá que elaborar "un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas".

Casanello además solicitó "el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán", en un informe que "deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería".

Además, pidió "los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada". Casanello agregó que "una vez cumplida" la tarea encomendada al equipo de Capital Humano "deberá remitirse a esta dependencia la totalidad de la documentación recabada en formato digital al correo electrónico del juzgado".

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, había reclamado en las últimas horas que "rápidamente sean entregadas" las 5.000 toneladas de comida que están en depósitos del Gobierno, al referirse a la "globalización de la indiferencia" y cuestionar la "pérdida de sensibilidad frente a un derecho esencial". Frente a esto, la respuesta del Gobierno no tardó en llegar, en manos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sostuvo que le encantaría tener un encuentro con el sacerdote para "mostrarle la realidad". 

"El Ministerio de Capital Humano no se guarda nada. Todo lo contrario. Lo que hace es impedir que se roben la comida. Monseñor tiene que saber lo que está pasando. Es bueno poder decírselo de frente, charlar con él. Es una persona muy abierta, muy amable. Yo tuve el gusto de charlar con Ojea. Es cuestión de mostrarle la realidad, mostrarle la realidad de lo que está pasando", remarcó Bullrich.