El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo del juez Roberto Gallardo que prohibió a las fuerzas federales intervenir en el operativo de seguridad previsto para contener la marcha que este miércoles 9 de abril protagonizarán los jubilados frente al Congreso, junto con la Confederación General del Trabajo (CGT).

A través de la Procuración General, las autoridades porteñas solicitaron que se revoque la decisión que le impide intervenir a los efectivos bajo el ala de la ministra nacional Patricia Bullrich y que se eleve en forma urgente a la Cámara correspondiente para su rápido tratamiento ante la inminente nueva movilización de la clase pasiva, en esta oportunidad acompañada por sectores sindicales que además llevarán adelante un paro de 36 horas.

"Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado", señaló el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

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Asimismo, precisó que es necesario analizar en el momento "cómo se va desarrollando" la protesta y añadió: "Lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre".

La apelación porteña considera "improcedente" la medida precautoria dictada por "la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes".

Por otra parte, argumenta que el magistrado se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque invade a la administración local en cuanto a la "discrecionalidad técnica" para fijar y establecer las políticas en el marco de su autonomía, a través del ministerio de Seguridad de la Ciudad.

El recurso legal, que lleva la firma de Agustín Luzzi, director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de la Ciudad, sostiene que el "pronunciamiento recurrido es el producto individual de la voluntad del juez, basada en su simple convicción personal".