El consenso entre el oficialismo y –una parte de– la oposición trajo también disenso en Juntos por el Cambio. ¿Cuándo? Este jueves en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? A partir de la votación fragmentada de la prórroga del Régimen e Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda. Más allá del ruido, el proyecto obtuvo la media sanción.

¿De qué se trata? La iniciativa –impulsada por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo extiende por 180 días más el blanqueo que otorga beneficios  impositivos para quienes declaren sus capitales no registrados y los destinen a la construcción privada.

Votos. El documento fue aprobado con 172 voluntades afirmativas, 20 en contra y 45 abstenciones.

Fractura expuesta. Pasó algo inusual: Juntos por el Cambio (JxC) votó dividido. El PRO, impulsor de la medida, acompañó al oficialismo, pero la Unión Cívica Radical (UCR) y Evolución optaron por la abstención. “Va a fracasar. Pero están gobernando a ustedes, los han votado a ustedes. No queremos ser un obstáculo. Si ustedes creen que esto va a dinamizar la economía, van a contar con nuestra abstención”, aseguró el diputado Rodrígo De Loredo en su discurso. Acto seguido, Massa y Ritondo le recordaron que la propuesta era de ellos, y no del Ejecutivo. La Coalición Cívica-ARI y Ricardo López Murphy, por su parte, fueron aún más allá y optaron por el rechazo junto a los liberales, la Izquierda y los monobloques de Ahora Patria y CREO.

Argumentos a favor. “Viendo todos los parámetros de la actividad, los números que van creciendo, la cantidad de decenas de miles de puestos de trabajo registrados que se crearon de manera directa e indirecta, el profundo impacto federal que tiene el sector construcción, es interesante que la ley retome su vigencia. Va a generar bienes de capital, infraestructura, urbanización y, principalmente, empleo”, fundamentó el frentetodista salteño Lucas Godoy.

Objeciones. De Loredo recordó que, cuando se aprobó por primera vez la ley, “el blanqueo era por 60 días y se tomaron 51 días para reglamentarlo, dejaron solo 9 para que los supuestos inversores pudieran ser beneficiarios de la misma; y después, en los plazos subsiguientes, los bancos no sabían cómo hacer el trámite de certificado respectivo”. En ese sentido, marcó la “improvisación” del Gobierno.