En un nuevo capítulo de la disputa por el equilibrio de las cuentas públicas, Javier Milei avanzó este lunes con el ajuste y el consecuente enfrentamiento con los gobernadores. Cuando la lucha por la coparticipación con el mandatario chubutense, Ignacio Torres, se encuentra en su punto más álgido, el Gobierno abrió un nuevo punto de tensión al eliminar el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, en un claro mensaje a la gestión de Axel Kicillof.

El Presidente, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron el Decreto 192/2024, publicado en el Boletín Oficial, y derogaron el artículo 4° del Decreto N° 735 del 9 de septiembre de 2020, por el cual se había creado dicho fondo "con el objeto de contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la Provincia".

Bajo el argumento de que esa medida afectaba "los intereses generales de la Nación" y la privaba "de recursos necesarios", se estableció desde este 26 de febrero la eliminación de este recurso creado durante la administración de Alberto Fernández, en medio de la pandemia.

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"El mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas, por lo que resulta necesario derogar el artículo 4° del Decreto N° 735", señaló el Ejecutivo.

Aquellos recursos -obtenidos a partir de la quita a la Ciudad de un porcentaje de los fondos correspondientes a la coparticipación federal- habían disparado entonces la tensión entre las autoridades bonaerenses y las porteñas, ya que estas últimas reclamaban que se les devolviera ese dinero, que implicó la transferencia a la provincia de Buenos Aires más de $30.000 millones.

Consultado sobre la decisión, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, apuntó: "Nosotros tenemos un reclamo presentado. Esperamos que los recursos que son de la Ciudad vuelvan a la Ciudad porque los porteños lo merecen". Asimismo, aunque reconoció que "son decisiones del gobierno nacional cómo administra los recursos que tiene", agregó que su jurisdicción está llevando adelante tratativas con el ministerio de Economía para que se resuelva este conflicto de larga data.

En el nuevo decreto, el Gobierno aludió que "la severidad de la crisis pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común" y repitió que "ninguna otra administración nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual".

"Es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas", añadieron en sus argumentos Milei, Posse y Caputo.

Asimismo, detalló que "con el fin de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de 5 puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, los que son responsables de los 10 puntos de su déficit".