De la reducción de indemnizaciones al alivio para PyMEs
En plena campaña electoral, el presidente Mauricio Macri anunció que reducirá a cero de las cargas patronales en aquellos empleados que sean contratados por las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) en 2020 y 2021 y publicó un DNU referente a las indemnizaciones por invalidez y muerte.
En una actividad realizada en una PyME automotriz junto a su candidato a vice Miguel Ángel Pichetto, Macri explicó que la iniciativa tiene como objetivo “promover la creación de empleo”.
Contempla la suspensión de las contribuciones únicamente para las empresas que aumenten el personal con respecto a sus plantas actuales, es decir, que no despidan empleados para contratar nuevos. También habrá una reducción a la mitad (con respecto a lo que se abona actualmente) en 2021.
La medida, anunciada en el marco de la campaña "Sí Se Puede", fue la primera de un paquete que había adelantado el Presidente con el objetivo de aliviar a la clase media, las Pymes y los asalariados.
"Alivio" para PyMEs: ¿Creación de empleo o pérdida de trabajo?
En diálogo con El Canciller, Alejandra Fernández Scarano, economista e integrante del CEPA, explicó que la baja de contribuciones anunciada por Macri "no sirve sino se reactiva la economía. De este modo, no crece el empleo y se desfinancia el Estado".
En este marco, aseguró que "la Ley 27.430, denominada de reforma tributaria, también preveía una rebaja gradual de las contribuciones patronales y una modificación en la base imponible por la cual se podía tomar un mínimo no imponible de $12.000 por trabajador".
"Los resultados fueron contundentes: se perdieron 274.474 puestos de trabajo registrados desde diciembre de 2017 hasta junio de 2019 (último dato publicado de SIPA – Sistema Integrado Previsional Argentino)", agregó.
"Los puestos de trabajo registrados en diciembre del 2017 eran 12.387.262 y en junio de este año que eran 12.211.788. Además, en ese mismo período (dic 2017 a junio de 2019) se perdieron 20.647 empleadores según los datos que publica el Boletín de Seguridad Social de AFIP", explicitó Fernández Scarano.
De esos empleadores 20.462 tenían menos de 100 empleados, es decir, que el 99% de las empresas que cerraron fueron PyMEs.
"La solución es que se reactive la economía no que se reduzcan ingresos del Estado, porque no generan los resultados esperados, el desempleo crece y no se generan puestos de trabajo registrados, y se desfinancia al Estado en un momento en que las demandas sociales se incrementan", concluyó.
¿Inconstitucionalidad del DNU?
Más allá de las medidas anunciadas por Macri este lunes, en el Boletín Oficial el ejecutivo confirmó la baja de las indemnizaciones por invalidez y muerte. Se trata, en realidad, del cambio del índice a partir de cual se calculan este tipo de resarcimientos.
La medida fue justificada por el Gobierno por las presuntas consecuencias de los "incrementos desmedidos" de esas indemnizaciones. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar.
“Este DNU es inconstitucional porque cambia el cálculo a la baja del ingreso base para las indemnizaciones por accidente. Incluso lo extiende a todo accidente sea cuando sea haya pasado y violando el artículo 7 del Código Civil y Comercial”, explicó a El Canciller el ex titular del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, Jorge Rizzo.
En este marco, el especialista explicó que “viola derechos incluso los adquiridos porque es retroactivo” y remarcó: “nuestro Colegio ya trabaja en el planteo de inconstitucionalidad”.
La letra chica del DNU
La modificación que se realiza es en el índice a partir del cual se calcula la indemnización que recibe un trabajador por incapacidad laboral definitiva o muerte.
Hasta hoy, el monto del ingreso se basaba en la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
Pero ahora, el monto del ingreso se calculará a partir de la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). El punto de la polémica es que este se trata de un índice mucho menor.
Por ejemplo, el RIPTE de todo el 2018 fue de 27,72%, contra un 40,63% de la tasa activa del Nación.
El otro punto polémico, tal y como explicó Rizzo, es su carácter retroactivo. En su artículo 3, el DNU establece que "se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante".
