Luego de su aprobación en el Senado durante el período de sesiones extraordinarias del último verano, este lunes el Ejecutivo nacional promulgó la Ley 27.786 -conocida como "Antimafias"- que incrementa las penas para los integrantes de bandas delictivas y apunta a desmantelar el crimen organizado en torno al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.

La norma tiene por objetivo brindar al Estado "herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales", que son aquellos "grupos de tres o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves", según indica su primer artículo, tal como fue publicada en el Boletín Oficial.

Con esta acción, de acuerdo a lo que fija la Constitución, la legislación compuesta de siete capítulos y 16 artículos entró en vigencia esta madrugada.

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Entre sus disposiciones, endurece las penas -entre ocho y 20 años- para quienes formen parte o colaboren con este tipo de bandas criminales. Incluso, determina que todos sean sancionados por igual, es decir que quienes sean miembros de estas organizaciones podrán recibir la condena por el delito más grave cometido en el grupo, lo que elimina la diferenciación según el rol dentro de la entidad mafiosa.

Además, permite declarar ciertas áreas como "zonas sujetas a investigación especial" para facilitar la acción de la justicia en caso de ser necesario. Esto habilita a que fiscales federales realicen pesquisas con la colaboración de fuerzas de seguridad y autoridades provinciales.

La ley fue el último proyecto debatido en las sesiones extraordinarias del verano en el Senado y fue sancionada con el voto unánime de 38 legisladores del oficialismo, la oposición dialoguista y dos independientes de Santa Fe y Jujuy. La bancada kirchnerista se fue del recinto antes de la definición en la noche del 20 de febrero, tras una jornada sesión maratónica en la que también se dio luz verde a otras dos iniciativas claves en materia de seguridad y justicia. 

Se trata del llamado Juicio en Ausencia -para facilitar procesos contra imputados fuera del país, como sucede en la causa por la voladura de la AMIA- y de la ley de Reiterancia, que intenta terminar con la "puerta giratoria" para los delincuentes.