Casa tomada

¿Por qué resuenan las campanas? El miércoles 2 de septiembre La Nación publicó el testimonio de un vecino de Villa Mascardi. El título llevaba un textual: “De haber sabido del conflicto, no hubiera comprado este terreno”. Una historia más del sueño argentino: comprar una casa de campo. Hacia las montañas y bosques del sur, hacia la costa atlántica, hacia las sierras puntanas, los destinos de los sueños se bifurcan pero nacen de la misma fe: “Yo ahorré toda mi vida para tener esa cabaña”. Un sueño hecho de perfume urbano, pero sobre todo un sueño familiar. Una de las luchas de este vecino era la colocación del cartel con el nombre de la casa (La Cristalina). “Hay mucha vegetación, entonces no los ves. Me llevó 15 minutos poner el cartel y en ese tiempo se acercaron, porque tienen vigilantes que les avisan de cualquier movimiento”, relata. Una suerte de casa tomada del bosque se desprendía del testimonio. ¿Qué hay ahí, del otro lado, en lo que no se ve?

Dos imágenes en espejo. Su reverso: la de la oposición en el Congreso. Esa ambigüedad de estar de cuerpo presentes pero ausentes en una sesión en la que se votaba una ley a favor de la industria más perjudicada (el Turismo) puede ser un reflejo, a veces, de “no lugar” de la política en Pandemia. La autonomía de la política. Y se trata de la misma semana en que se conoció la supuesta proliferación de toma de tierras en el Gran Buenos Aires, lo que hacía “sistema” con las descripciones del sur: una suerte de Argentina organizada en torno a la propiedad de la tierra. Pero cada cosa (el Congreso con su espectáculo y la toma de tierras) vuelve a ese “grado cero” de la política de los últimos años: la distancia que separa “la grieta” de la “fractura social” argentina. Mientras una cosa ocurre en la pantalla, por abajo, se cava otra cosa más profunda. La grieta tapa la fractura. Que el panelismo no nos tape el bosque.

Las palabras y las cosas

El gobierno estuvo toda la semana para encontrarle las palabras al diagnóstico sobre las tomas. Los intendentes bonaerenses (oficialistas y opositores) pidieron al gobernador una precisión semántica: que las declare “ilegales” y que a priori las considere un problema de seguridad. En la misma sintonía actuó Sergio Berni aunque no esperando la palabra de Kiciloff, sino dándola por hecho, como hizo en una entrevista radial la mañana del jueves, palabra más, palabra menos: “si no piensa como yo, ya me hubiera pedido la renuncia”.

Las tomas tardaron poco en ser otro de los “temas Berni”, quien llegó más lejos que los halcones de Cambiemos, que explicitaron en su discurso una suerte de “tabú ideológico”: la defensa del derecho a la propiedad privada. Se entiende que Berni tiene “banca” (se declaró siempre vertical a Cristina), y a la vez, paradójicamente, si se toma al pie de la letra su discurso para contener el crecimiento del voto por “derecha”, parece organizarse conceptualmente contra el mismo kirchnerismo que lo sostiene. Pero en su velocidad erosiona la verticalidad que invoca: el “efecto Berni” suele dejar a Axel Kicillof y a Alberto Fernández corriéndolo de atrás. Obligándolos a repetir el mismo juego: el gobernador y el presidente que tratan de disipar, cada vez, los fantasmas que Berni desata en el FdT. Un juego donde todos se quieren limar las puntas, aunque subraya un dato de época más permanente: la centralidad política de Sergio Berni.

El único que salió a cruzarlo fue Fernando “Chino” Navarro, después de que Berni acusara al Movimiento Evita de promover tomas. Y en ese cruce ofició más que de duelista de mediador ante el riesgo latente de la fractura social, porque Navarro no replicó la retórica de la grieta, sino que puso sobre la mesa un conflicto de larga duración (el de la tierra). Navarro nadó, solitario, contra la corriente. Donde además se traduce una histórica tensión política con los movimientos sociales. Finalmente en una declaración tajante la UTEP lo respaldó. Navarro suele trascender las audiencias propias, no hablarle sólo a la tribuna, pero acá quiso poner un límite a la simplificación punitiva de un problema. Berni apeló al intento de oponer funcionarios y Estado a movimientos sociales, en una “interna” que no es lineal ni idéntica ni contante; de hecho, sería mezquino considerar a esas organizaciones sociales por afuera del sistema político, no solo porque tengan legisladores, funcionarios nacionales o gobiernen municipios, sino por la naturaleza de la gobernabilidad argentina. Y Berni lo sabe: él protagonizó desde 2003 esa nueva gobernabilidad basada en un puente entre lo social y lo político.

Un punto: estas tensiones recrudecen cuando el gobierno comienza a preparar políticas para la pospandemia, mientras la crisis crece e incuba su criatura. Y los riesgos se multiplican. Si la grieta se puede tragar a la política en Pandemia, hay un riesgo mayor: que toda la política caiga a la fosa de la fractura social. Veamos las capas del problema.

Tema de fondo

Hay un municipio bonaerense que gestiona el Movimiento Evita. Se trata del populoso Moreno, donde desde diciembre la dirigente Mariel Fernández es intendenta. Allí este año se evitaron alrededor de 150 usurpaciones de tierras.

¿Quiénes intentan usurpar?, es la pregunta que organiza el “eco” de la noticia. En el menú de los medios la salsa abunda: desde barrabravas, oportunistas, inmobiliarias, organizaciones sociales hasta agrupaciones kirchneristas. La descripción de un militante de Moreno es más precisa sobre la incapacidad de tener una sola versión: “Tenés de todo. Gente de otros distritos, hijos de familias de asentamientos linderos. Y en casi todas las tomas hay un negocio reducido a instalar una casilla, armarla y venderla a 70, 80 lucas”. ¿Adónde va la gente cuando se desarma la toma? “Vuelven a los barrios de origen en su mayoría.”

Nahuel Berguier es el secretario de seguridad del Municipio y explica el accionar: “Hay una política decidida para evitar que se conformen nuevas tomas porque consideramos que en esas tomas se profundizan las desigualdades. Las personas más humildes, en esos casos, son las que salen más estafadas o más perjudicadas o terminan poniendo plata para construir en un lugar donde no se pueden quedar”. De lo que dispuso la administración municipal es de una mesa en la que se sientan con el Ministerio Público Fiscal y el ministerio de Seguridad de la Provincia para evitar que las tomas se produzcan. No pasemos por alto este dato: entre los conducidos de Berni y los funcionarios municipales del municipio del Movimiento Evita la articulación es aceitada y comparte la misma dirección. No hay municipio que celebre tomas. Los ojos de algunos medios -adictos a la crónica policial- no son los ojos de los municipios ni de la política.

“Las 150 situaciones que se evitaron se resolvieron sin ningún tipo de violencia. Después está la otra cuestión, ¿qué pasa con las que ya están consolidadas? Ahí aparece el protocolo que sacó la Corte Suprema de la Provincia el año pasado. Que plantea una serie de requisitos. El desalojo en una parte de la Ruta 23 se hizo con orden de la justicia y aplicando este protocolo respetuoso de los DDHH para las tomas consolidadas”, apunta Berguier. Se trata del único desalojo que se hizo hasta ahora con aplicación de ese protocolo. El terror de los municipios es el terror a la ingobernabilidad. Porque la gente que hace una toma y reclama la tierra a los meses reclama agua, asfalto, seguridad. En Moreno eso tiene nombre: Los Hornos, uno de los asentamientos donde se producen homicidios, se toman tierras aledañas. Son lugares donde no puede llegar la policía porque no hay calles.

Otro de los aspectos es la propiedad de esas tierras públicas, municipales, privadas o abandonadas. “Hay casos de propietarios que viven en la Ciudad de Buenos Aires, tienen tierras en Moreno, pagan dos mangos con cincuenta y ni les interesa venderlas. O esperan un momento donde valga más. Uno piensa que si no lo están usando, tienen que pagar la limpieza del terreno, el alambrado, la iluminación de la zona. Hasta habría que cobrarles el servicio de seguridad porque no puede ser que la policía esté horas y horas previniendo esas usurpaciones”, apunta un funcionario municipal.

En la política del GBA hay un consenso no dicho: la decisión acorde a estos tiempos es no extender la mancha urbana. Y aunque parezca mentira, uno de los impulsos de los movimientos sociales es la creación de “Un millón de chacras”. El dirigente Esteban “Gringo” Castro (UTEP) lo dice: “Es un número simbólico, no estamos pidiendo un millón de chacras para mañana. El eje del planteo es que así como hay una gran concentración económica que genera una desigualdad tremenda también hay una concentración de población, sobre todo en el AMBA”. ¿Qué ya nos dejó la Pandemia? Un país de cara a las tragedias y desafíos de ese AMBA casi ingobernable.

Los intermediarios

Sigamos una línea histórica. Cuando Duhalde en 2002 implementa el Programa Jefas y Jefes de Hogar, los movimientos de trabajadores desocupados, “los piqueteros”, se encontraban dispersos y fragmentados. Duhalde, a su vez, no carecía de territorio justamente. En 2009, a pocos días de la derrota que sufrió en las elecciones legislativas el “dream team testimonial” que encabezaba Néstor Kirchner (y que reunía a Daniel Scioli, Sergio Massa y Nacha Guevara), se lanza el Programa de Ingreso Social con Trabajo, más conocido como “Argentina Trabaja”, y los movimientos sociales ya tenían un peso mayor y lugares en el Estado, pero se encontraban agrupados en diferentes organizaciones, algunas de las cuales para ese entonces ya eran parte de la oposición al gobierno de CFK. Hoy esas organizaciones forman un actor gremial consolidado en torno a la UTEP. No dejaron de crecer mientras se consolidó la pobreza estructural y la informalidad laboral de ese “tercio” de la Argentina que no fue reintegrado al mercado formal.

Otra de las enseñanzas de 2001: los movimientos sociales no son el afuera del gobierno, son muchas veces, y como pueden, eso que media entre los gobiernos y la pobreza estructural. Sin romantizar, y en el contexto político de un peronismo bonaerense del que en muchos casos ya son parte y en otro con las tensiones lógicas ya nombradas. Porque el peronismo de La Matanza o de Lomas de Zamora, por ejemplo, no necesita que las organizaciones le cuenten lo que pasa. Los movimientos sociales completan con más profundidad que electorabilidad, son un platillo de la delicada balanza de equilibrios. Frente a ese otro gran contrapeso que encarna la presencia decisiva de las intendencias bonaerenses.

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El proceso, que un militante describe así, “con su doble faz de territorio y sindicato, olla y trabajo, de los movimientos sociales”, permitió el apoyo de la misma CGT para una nueva “institucionalidad”: el “Salario Social Complementario”. Fue en 2016 una medida obtenida durante el gobierno de Macri. Hoy los movimientos sociales, como el amplio espectro de la política, se encuentran “expectantes” ante el anuncio de que el IFE se va a discontinuar y que la política de ingresos se va a basar en aumentar los cupos del “Potenciar Trabajo” y en un “Empleo Mínimo Garantizado”. El IFE cuantifica que son varios millones los trabajadores y trabajadoras de la llamada “economía popular”. La pandemia muestra el desierto, la larga agonía de la sociedad salarial. Y el interrogante: ¿cómo presentar este nuevo “sindicalismo” de los sin tierra ni trabajo? Por derecha e izquierda se les dice planeros, burocracias, pobrismo, en virtud de un ideal: una política sin intermediarios. ¿Qué son exactamente los movimientos sociales? Al menos los que ponen en escena que sin el salario universal no se puede, aunque sólo con el salario universal no alcanza. La democracia es con todos adentro y ellos traen de “afuera” el agujero negro de la pobreza estructural. Lejos de una oposición tajante entre propiedad privada y movimientos sociales más bien se trataría de una paradoja: la garantía mutua de existencia.