En el marco de una causa que investiga la posible extorsión y coacción de dirigentes de organizaciones sociales a beneficiarios de planes para que concurran a diferentes movilizaciones, este lunes se realizaron 27 allanamientos tanto en comedores como en casas particulares. Según fuentes oficiales, "se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia".

Los procedimientos habían sido ordenados por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, luego de que el ministerio de Seguridad radicara una denuncia a raíz de los cientos de llamados realizados a la línea 134, que la cartera a cargo de Patricia Bullrich habilitó para reportar amenazas por parte de líderes piqueteros.

Las medidas judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero y de los movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, que administraban comedores populares, e incluyen también declaraciones indagatorias de los involucrados en los hechos. 

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La investigación, que estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión. Entre ellos, se encuentran Jeremías Canteros, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli y Mercedes Fossat.

También figuran Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca  Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello, todos ellos integrantes de las tres organizaciones mencionadas.

Fuentes oficiales informaron que, según la pesquisa, los acusados "habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de 'dar de baja el plan', conformando un total de 924 casos".

"Los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de 'cooperativas', desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados", agregaron.

En una primera instancia, el fiscal había pedido incluso las detenciones de los sindicados, pero no fueron concedidas por el juez Sebastián Casanello. Esto ameritó la intervención de la Cámara Federal, que sí habilitó los allanamientos como medida de prueba.

A su vez, el Tribunal ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos de los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, además de planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación; comprobantes de pago; tarjetas bancarias y tickets de extracción de dinero en efectivo.

"Del análisis de las pruebas se pudo establecer que no tenían concurrencia espontánea a las movilizaciones y por eso extorsionaban a la gente. Se acreditó también que desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente", aseguró la información oficial.

En una conferencia conjunta que realizaron por la tarde, uno de los líderes del movimiento piquetero, Eduardo Belliboni, consideró que los operativos fueron una maniobra contra "todo el arco de organizaciones que está luchando contra el Gobierno, porque ha abandonado a su suerte a las personas que tenían la necesidad de ir a un comedor popular". 

"Los allanamientos fueron casi todos ilegales. Se violaron los derechos más elementales", agregó y ejemplificó que en un local del Polo Obrero "apagaron las cámaras que graban por seguridad del lugar", para realizar el allanamiento "en la más absoluta clandestinidad".