A pocas horas de que el presidente Mauricio Macri anunciara una serie de medidas económicas, fuertes rumores indicaban que el congelamiento del precio de las naftas y otros combustibles por un período de 90 días quedaba sin efecto.

Ante la negativa de las distintas empresas, el oficialismo aplicaría la Ley de Abastecimiento (sancionada en 1974) que fija los precios y congelaría de manera automática el precio del barril.

En un principio, la implementación de la normativa que supo ser aplicada por el ex secretario de Comercio kirchnerista, Guillermo Moreno, fue negado (y descartado) desde el propio oficialismo a primera hora.

Incluso, tras el gabinete ampliado realizado este jueves en el CCK, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, fue contundente en conferencia de prensa: “no hay marcha atrás con el congelamiento de combustibles”.

Además, negó que el Gobierno haya “apretado” a las petroleras (“nosotros no gobernamos así”) y aseguró que existirá una mesa de diálogo con el sector y con quienes generan los precios.

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, era el encargado de negociar con las petroleras la implementación, los detalles del proceso, cuánto duraría la política y cuándo entraría en vigencia.

El problema: la fuerte alza del dólar.  A base del incremento de la moneda norteamericana es que las empresas recalculan el precio de los combustibles. En lo que va del año, las subas ya superan el 15%, pero las compañías aún creen que están atrasadas un 10%. Congelar los precios acarraearía una pérdida millonaria para el sector.

Si bien faltan conocer los detalles, el Gobierno realizaría el congelamiento basándose en el precio del petróleo crudo Brent, que es el de referencia que se utiliza en el país. Los precios serían retroactivos al 9 de agosto, con un dólar de $ 45,19 y un barril a US$ 59.

En diálogo con El Canciller, el economista Julio Gambina, calificó la medida como “electoralista” y expresó su preocupación sobre qué pasará luego de transcurridos los tres meses de congelamiento. “Luego de los 90 días, lo más probable es que las petroleras exijan que el acuerdo de dolarización de tarifas se aplique al precio de los combustibles, que es lo mismo que ocurre con las tarifas de servicios públicos”, dijo.