Correo Argentino: aval a la investigación tras el rechazo al pedido de nulidad
Esta causa está ahora "en espera”. Todavía no se ha resuelto que sucederá con el ofrecimiento que hizo Correo SA después de varios dictamenes de Boquín. Los camaristas que deben resolver sobre la cuestión le dieron al Estado un plazo que está próximo a vencerse para que opine sobre qué le parece la oferta.
Mientras tanto, en Comodoro Py, y luego de pasar por un período de enfriamiento, en diciembre del año pasado Lijo llamó a indagatoria a Oscar Aguad, por su rol (en su momento) como ministro de Comunicaciones; al director de asuntos jurídicos de ese ministerio Juan Manuel Mocoroa y a los abogados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher.
La acusación que le hizo el fiscal Gerardo Pollicita al actual ministro de Defensa fue que no actuó "con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar”. Consideró que Aguad "obligó a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito con el interés de beneficiar a la empresa involucrada”. En otras palabras, lo acusó de beneficiar a la compañía cuyos dueños eran los hermanos e hijos del presidente.
Una vez transitadas las indagatorias, las defensas de los acusados plantearon una serie de nulidades y pidieron sus sobreseimientos. Estas cuestiones llegaron a los escritorios de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. En el mismo día en que decidieron anular los procesamientos contra funcionarios kirchneristas por el soterramiento del Sarmiento y también las faltas de mérito a empresarios, confirmaron al juez Lijo en esta causa donde Mauricio Macri está imputado.
Pero no se limitaron únicamente a esto: le sugirieron al magistrado que oriente su investigación para resolver también si efectivamente existió una "quita abusiva” de la deuda, lo que significa una profundización de la investigación en momentos donde el macrismo no la pasa del todo bien en lo político-electoral.
Posibles desvíos y fraudes, respuestas que demoran siglos y un expediente que lleva en el fuero comercial más de 18 años son parte del combo que pasó de ser una cuestión de dinero a una investigación por responsabilidades penales que, de probarse, podrían derivar en una condena para los involucrados.
