No son horas fáciles para Manuel García Mansilla. Mientras medita sobre su futuro tras el contundente rechazo del Senado a su designación como juez de la Corte Suprema, recibió a última hora del viernes otra mala noticia: más de 40 abogados, académicos y profesores de Derecho solicitaron su "cese inmediato" en el cargo. A su vez, la Justicia notificó al Gobierno, que presiona al magistrado para que no renuncie al Máximo Tribunal, que el catedrático no podrá firmar fallos por los próximos tres meses.

En una carta, los especialistas consideraron que "resulta insostenible su continuidad" en el máximo órgano judicial del país, porque se encuentra "en directa violación del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional", vulnera "las garantías de otros justiciables" y "compromete la legitimidad de la Corte Suprema como intérprete" de la Carta Magna.

"Por respeto a la Constitución y al derecho que juró respetar, el Dr. García Mansilla debe apartarse del cargo para el que finalmente no ha sido designado", aseveró el documento. 

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Entre otros, la carta fue firmada por Daniel Rafecas, Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez, Manuel Garrido y Roberto Gargarella, además de docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional del Centro (UNICEN).

Por otro lado, el juez Alejo Ramos Padilla, quien está a cargo de la causa que analiza la posible inconstitucionalidad del decreto que designó a Ariel Lijo y a García Mansilla para que ocupen las vacantes en la Corte, notificó al presidente Javier Milei, a la vice Victoria Villarruel y al titular del tribunal, Horacio Rosatti, que el catedrático no podrá firmar fallos ni decidir sobre cuestiones administrativas por los próximos tres meses.

El magistrado platense dispuso este jueves mediante una cautelar, minutos después de que la Cámara alta rechazara los pliegos, que García Mansilla "se abstenga" de "suscribir resoluciones administrativas o jurisdiccionales" como integrante de la Corte Suprema. 

De acuerdo a su visión, con la resolución del Senado "se encuentra cuestionada la legitimidad de García Mansilla" y cualquier acto al que suscriba "podría ser considerado ilegítimo, nulo o incluso inexistente, dañando la seguridad jurídica". 

En el caso de Lijo, quien -por el contrario- no asumió en el Máximo Tribunal, Ramos Padilla instó a la Corte a que no le tomara juramento.

Por su parte, el oficialismo insiste en que García Mansilla, quien ya firmó múltiples fallos, se mantenga en el cargo. Una importante fuente de la Casa Rosada manifestó este viernes que el juez "no se tiene que dejar operar" y "debe seguir sin importar lo que digan los demás". Técnicamente, está en condiciones de hacerlo hasta el 30 de noviembre.

No termina allí el juego de presiones al que está sometido el flamante juez supremo. Este viernes, su colega de la Corte Ricardo Lorenzetti calificó de "respetable" la posición del Senado y apuntó que, en su caso, "nunca aceptaría ser designado por decreto".