La Cámara Federal porteña abrió la puerta para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios de su Gobierno sean indagados por presuntas violaciones a los derechos humanos, aplicando el principio de "justicia universal".

Los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens reabrieron una causa en la que el dictador fue denunciado por supuestas víctimas de su régimen y una organización internacional, luego de que el fiscal federal Carlos Stornelli impulsara la investigación.

Bruglia y Bertuzzi adelantaron que "en caso de hallarse reunidos los requisitos legales se procederá a avanzar en la convocatoria a indagatoria de los aquí imputados". Llorens, por su parte, fue más allá y pidió incluso la captura.

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"Es impostergable que el juez resuelva la petición de convocar a declaración indagatoria a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello (diputado de la Asamblea nacional y hombre fuerte del chavismo) y todos aquellos identificados como responsables", sostuvo el fallo.

Además, pidió que "se someta a juicio a todos los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, que fueran denunciados en las presentes actuaciones, debiendo disponer todas las medidas cautelares urgentes que permitan la sujeción de los responsables al proceso, como ser su orden de captura inmediata".

La sentencia destaca "la inmediata necesidad de asumir una resolución teniendo en cuenta la particularidad de los hechos, cuyos resultados -por su contemporaneidad y las modalidades de su ejecución- no admiten dilación ni demora alguna en las medidas de tutela que se deben de inmediato adoptar a fin de evitar mayores perjuicios a los posibles derechos inculcados".

La causa se inició en junio pasado por una presentación de la organización internacional Clooney Foundation for Justice y Amnistía Internacional, que denunciaron ante la Justicia argentina al Estado venezolano por presuntas violaciones a las libertades individuales cometidas desde 2014 hasta la actualidad.

La principal denunciante es Rosa María Orozco Seijas, quien en un blog en internet contó: "El 22 de mayo se cumplieron tres meses de la muerte de la joven Geraldine Moreno, luego de que el pasado 19 de febrero recibiera un disparo en el rostro propinado por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante una manifestación en Carabobo".

El caso está judicializado en Venezuela, pero las organizaciones que lo denunciaron en la Argentina sostienen que en los tribunales de Caracas no hay garantías de una investigación imparcial.