“¿Qué poder dentro de la sociedad tiene un cargo asegurado para toda la vida y si hay que juzgarlo lo juzgan únicamente los pares de él y los abogados que son los que dependen de él?”. La frase podría haber salido tranquilamente en la carta que Cristina Fernández de Kirchner difundió a modo de balance del primer año de gestión del gobierno del Frente de Todos. Pero no: el extracto es de noviembre de 2012, cuando era presidenta de la Nación.

Los enfrentamientos, las críticas, los comentarios hacia la Corte Suprema y hacia los integrantes del Poder Judicial no son algo nuevo. La coherencia en el discurso está a la vista: la actual vicepresidenta considera que los integrantes del Máximo Tribunal son los principales responsables del “lawfare”. La expresión plantea una especie de guerra jurídica donde el Poder Judicial actúa (o es utilizado) como un factor partidario para complicar la situación política tanto individual como general.

Cristina ubica como parte de esa lawfare la situación, por ejemplo, de Amado Boudou, que la semana pasada recibió una noticia que no sorprendió dentro de Tribunales. La Corte decidió no tratar sus argumentos en contra de la condena por la causa Ciccone: esa postura (sin argumentos gracias a un artículo que les permite a los jueces rechazar sin opinar) dejó firme la sentencia a cinco años y diez meses de prisión. Dentro del lawfare se ubica también las múltiples causas que tiene abiertas en Comodoro Py la vicepresidenta.

La situación de Boudou puede analizarse bajo distintas ópticas: las múltiples detenciones en momentos que claramente no lo justificaban se bate a duelo con una sentencia que no se basa únicamente en los dichos de Alejandro Vandenbroele, el primer arrepentido que se benefició de las mieles que le supo brindar el gobierno de Mauricio Macri. Dentro del expediente Ciccone hay grises interesantes de explorar: ¿la responsabilidad de Boudou se puede resumir a lo político? ¿Está bien sustentada? ¿No hubiera sido más tremendo si la Corte se sentaba a escribir un fallo donde enumeraba cada una de las evidencias en contra del ex vicepresidente?

“Estos cinco funcionarios deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas que habitan nuestro país. A nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno”, marcó la actual vicepresidenta en su carta. ¿Cómo debería leerse esto? ¿Cómo un aviso de juicio político? ¿Cómo parte de algo similar a lo que hacía el macrismo cuando trataba de corruptos a los jueces que no fallaban de acuerdo a sus intereses? ¿Cómo parte de una estrategia hacia afuera y hacia dentro del Frente de Todos con respecto a la estrategia judicial?

Está claro que la coalición del FdT no tiene una posición clara en cuanto a cuestiones judiciales se refiere. Por un lado, porque dentro de Comodoro Py está lleno de denuncias encaradas contra funcionarios macristas: algunas se mueven más, otras menos y varias tienen más sustento que otras. Por otro, porque poblar Retiro de causas contra macristas es otra forma de empoderar a los jueces a los que justamente se les quiere bajar el tono.

Las disidencias dentro del Gobierno se vieron cristalizadas por los proyectos de ley que están estancados en la Cámara de Diputados: la reforma judicial y los cambios al Ministerio Público Fiscal. Por ahora, no bajó desde la Casa Rosada la negociación necesaria para conseguir los votos. Desde el Congreso, varios integrantes del bloque kirchnerista criticaron la gestión de Marcela Losardo, ministra de Justicia y amiga de Alberto Fernández.

El sistema judicial no es únicamente Comodoro Py y tampoco es un fiel espejo de la Corte. Es un sistema complejo que tiene falencias y virtudes. Apuntó bien Cristina cuando habló de que es un Poder que no va a elecciones: esa situación probablemente complicaría aún más algunos aspectos de los jueces que suelen mirar más los títulos de los diarios, los zócalos de la tele y las encuestas.

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El equilibrio entre poderes es todo un arte y quizás el hecho de que el Poder Judicial sea el que deba intervenir ante los conflictos lo deja en un lugar de preponderancia. Ahora, los integrantes de ese Poder pasaron por un proceso político con intervención del Congreso y del Ejecutivo. Tan cierto como eso es que no existió en estos años una crítica hacia adentro del sistema judicial: no hubo comentarios sobre las causas mal llevadas por Claudio Bonadio, sobre las prisiones preventivas a mansalva o por los procesamientos flojos de papeles. O por lo menos no hubo críticas en voz alta, de cara a la sociedad.

“Ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno”, concluyó Cristina en su radiografía. El organismo de control de los jueces es el Consejo de la Magistratura, que tiene actualmente un componente político importante. Que a los magistrados y magistradas no se los controle, no se les pregunte sobre el porqué de sus decisiones es también un gran fracaso de la política.