Las cámaras que nuclean a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que la semana anterior firmaron un convenio salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) luego de varios días de conflicto y frenaron así el paro de actividades previsto para el 31 de octubre pasado, advirtieron este martes que no podrán afrontar los pagos a los choferes si el Gobierno no aumenta la tarifa del transporte o los subsidios que reciben las compañías. 

"Es importante señalar que hemos firmado este acuerdo a pesar de no contar con información alguna respecto a cuándo se ajustará la tarifa, o en su defecto subsidios, para financiar este incremento en el entendido que es el Estado quien ha establecido que el 100% de los costos de los operadores sea cubierto indefectiblemente por una de las dos vías, siendo el Regulador quien determina cuándo, cuánto y cómo actualiza", señaló el comunicado firmado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA). 

"Hemos arriesgado este acuerdo con la confianza de que ni tarifa ni subsidios quedarán congelados en simultáneo hasta enero, ya que de otra forma será imposible pagar los salarios acordados, o comprar los insumos necesarios para sostener le servicio", continuó el escrito.  

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El trato estableció un piso salarial de $1.140.000 en noviembre, $1.160.000 en diciembre y $1.200.000 en enero. Además, según indicaron los empresarios, lo hicieron "bajo el principio de priorizar la paz social, y evitar un daño mayor tanto para usuarios, empresas y trabajadores". 

Por último, en su escrito la patronal agregó: "No hemos elegido este régimen de subsidios, por lo que si por las empresas fuera promovemos su total eliminación o asignación exclusiva a los usuarios que los necesiten".

El 30 de octubre pasado, horas antes de que se inicie una nueva huelga de transporte, la UTA desistió de la medida de fuerza tras llegar a un arreglo con los representantes empresarios bajo intermediación del Gobierno. 

El punto por el que se avizora el retorno del conflicto es que desde el Ejecutivo nacional anticiparon que no habrá suba de boletos para financiar los incrementos de sueldos de los colectiveros, además de rechazar las quejas de las empresas del autotransporte de pasajeros al asegurar que se les detalló "la estructura de costos con las previsiones salariales del año".