El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del Fondo Nacional de Turismo y, de esa forma, continuará la aplicación del impuesto del 7% sobre los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior.

La medida fue oficializada a través del Decreto 4/2025 publicado en el Boletín Oficial de este lunes y que lleva las firmas de Javier Milei y de los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Werthein; de Defensa, Luis Petri; de Economía, Luis Caputo; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Capital Humano, Sandra Pettovello, de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Salud, Mario Lugones.

El Fondo Nacional de Turismo, que vencía el 5 de enero, fue constituido en el artículo 24 de la Ley N° 25.997 de 2005 con el objetivo de fomentar, desarrollar, promover y regular la actividad turística en el país. Si bien su vigencia era por 10 años, se había prorrogado por otra década a partir de 2015.

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Es administrado por la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, a cargo de Daniel Scioli, y su financiamiento proviene de asignaciones específicas, entre ellas, el impuesto del 7% sobre los precios de los pasajes al exterior.

En los considerandos del decreto, el Gobierno destacó que la Ley N° 25.997 y sus modificatorias tienen por objeto "el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad turística y del recurso turismo mediante la determinación de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales".

A su vez, subrayó el resguardo del "desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la actividad".

La normativa estableció también que la prórroga del Fondo Nacional de Turismo se debe informar a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, que tiene la competencia para pronunciarse sobre la validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo.