En un nuevo paso en línea con el objetivo planteado por Javier Milei de sanear y reestructurar la administración pública, el Gobierno anunció este lunes la eliminación de otros tres fondos fiduciarios, en esta oportunidad ligados a la agricultura familiar, la vivienda social y la tecnología.

Mediante el Decreto 6/2025, el Poder Ejecutivo Nacional comunicó la medida con la que busca optimizar la gestión estatal y redefinir el uso de los recursos públicos.

La decisión afecta al Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social que, según las autoridades, alcanzaron ya sus metas, las incumplieron o presentaron anomalías administrativas.

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En el caso del PRODAF, este fideicomiso brindó facilidades a productores rurales para acceder a créditos y "ha cumplido con su objeto", según informó la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del ministerio de Economía.

El FFSU -creado con el fin de garantizar acceso a Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)- será reemplazado por mecanismos alternativos que apunten a sostener la política pública de conectividad universal.

También se puso de manifiesto "la existencia de casos de proyectos aprobados, como beneficiarios del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, donde no se pudo fundamentar dicha condición, en tanto de las actuaciones no surge con claridad el cumplimiento de los requisitos establecidos normativamente para su inclusión en los beneficios", agregaron como fundamentos del texto oficial, firmado por Milei, el canciller Gerardo Werthein y el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.

El Ejecutivo mencionó que si bien el Fondo para la Vivienda Social financió proyectos como "Casa Propia" y "Reconstruir", varios de ellos presentaron falta de rendición de cuentas, según la revisión de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Asimismo, el decreto establece que el proceso de cumplimiento y liquidación de los fondos, según las normativas vigentes, será supervisado por la SIGEN, cuyo relevamiento detectó -por ejemplo- acciones sin justificar en el Fondo del Servicio Universal: "Se detectaron programas anteriores al año 2021 que se encuentran en ejecución durante 2024, no constando un instrumento que haya previsto su prórroga".

"Con estas medidas, el Gobierno reafirma su voluntad de lograr una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al bienestar común, garantizando el uso racional de los recursos públicos y fortaleciendo el control sobre las finanzas públicas", indicaron desde el Palacio de Hacienda en un comunicado tras la publicación del decreto.