La jueza federal de Nueva York Loretta Preska, a cargo de la causa por la expropiación de YPF, le ordenó al Gobierno argentino entregar mails, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de otras plataformas de una decena de actuales y exfuncionarios, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor en el cargo, Sergio Massa, para intentar probar que manejaron los precios de los combustibles.

La resolución fue emitida por el tribunal del Segundo Distrito Sur de Manhattan, que ya condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, compradores de los derechos de litigio contra la expropiación de acciones que pertenecían al grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

Los demandantes, al ver que es muy improbable que el Estado nacional pueda pagar el capital y los intereses (que suman ya unos USD 900 millones), buscan volver a incluir en la causa a la petrolera estatal y embargar sus activos.

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El argumento de Burford es que YPF es "alter ego" del Estado nacional, y que, en lugar de funcionar estrictamente como lo indica su figura societaria -una Sociedad Anónima (SA) privada-, opera con los objetivos políticos del gobierno de turno.

Por eso, la jueza Preska pidió las comunicaciones de "Toto" Caputo y de Massa, lo mismo que de quien fuera viceministro del excandidato presidencial de Unión por la Patria, Gabriel Rubinstein; del extitular de la Aduana Guillermo Michel y del exsecretario de Industria José Ignacio de Mendiguren, entre otros.

Con la información requerida, la magistrada buscará demostrar que, por ejemplo, los funcionarios actuales y anteriores acuerdan con la compañía cuánto subirá la nafta o qué miembros del Ejecutivo usaron el avión de la petrolera, por citar sólo dos ejemplos. 

"Todo esto se podría haber evitado poniendo garantías, como Preska ofreció en enero. Con ellas, que se podrían haber negociado con Burford por cualquier cifra, se evitaban estos temas", resumió Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor y quien sigue de manera pormenorizada la causa.

En septiembre último, la jueza condenó al Estado argentino a pagar USD 16.100 millones por el trato desigual a los accionistas minoritarios de YPF al momento de la estatización, en 2012, durante el Gobierno de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof como ministro de Economía.

Ese juicio lo ganó el estudio inglés Burford Capital, que junto a Eton Park compraron el derecho a litigar a socios minoritarios de la empresa que aseguraron haber sido perjudicados porque Argentina no les dio el mismo tratamiento que a la española Repsol, a la que en 2012 se le adquirió su paquete accionario por unos USD 5.000 millones.

En los últimos días de 2023, el presidente Javier Milei aseguró que Argentina no dispone del dinero para hacer frente al juicio, aunque dijo que sí tiene "willing to pay" (voluntad de pago). E incluso manifestó que propondría un nuevo impuesto para cancelar la deuda, al que llamó "tasa Kicillof", para que los argentinos recordaran los "desaguisados" del actual gobernador bonaerense.