El Gobierno dio de baja a la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná este miércoles y acusó a la única oferente de haber actuado de manera ilícita. En ese sentido, anunció además que le pidió a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que investigue una "posible presión" de la compañía belga Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME) sobre el resto de las empresas interesadas.

Durante una conferencia de prensa exclusiva para hablar del tema, el vocero Manuel Adorni precisó que "la investigación servirá para aclarar los acontecimientos ocurridos en el marco de esta licitación, para demostrarle a todos los actores interesados en futuras licitaciones que el Estado será implacable ante cualquier intento de manipular los resultados y también para llevar a la Justicia penal a los responsables de querer defraudar al pueblo argentino".

"Durante el procedimiento, sectores de la política, medios y sectores empresarios hicieron lobby en favor de sus propios intereses y le demandaron al Gobierno que baje los estándares técnicos del pliego solo por beneficio propio", acusó el portavoz y agregó: "Además, se acusó Gobierno de ser muy exigente, de negocios incompatibles, de corrupción, entre otras falsas acusaciones que habitualmente nos hacen en diferentes asuntos y este no fue la excepción".

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"Cada una de las impugnaciones recibidas por los potenciales oferentes fue respondida de manera pormenorizada por parte del Estado nacional. Los argumentos expuestos fueron validados no una sino tres veces en la Justicia, la que concluyó que no existió ninguna irregularidad en el procedimiento de selección ni en la documentación licitatoria", aclaró Adorni.

Asimismo, destacó que "no deja de llamar la atención" que "la única oferta presentada fue DEME, la empresa que se ocupó de teñir el proceso de una supuesta falta de transparencia, que no era tal", y que "pese a haber más de 11 empresas inscriptas para participar, de haber recibido consultas formales y de tener conocimiento informal de que algunas compañías ya estaban preparando su documentación licitatoria para competir, sólo se haya presentado una única oferta".

"El Estado Nacional decidió dar inmediata intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que investigue la posible presión de la única oferente, DEME, sobre las restantes empresas o la existencia de una presunta asociación ilícita en perjuicio del Estado nacional y los productores argentinos", precisó.

El Ejecutivo había anunciado en noviembre el llamado a licitación para la privatización de la Hidrovía, en un esquema que pretende volver a una concesión por 30 años, a riesgo empresario, sin vínculo estatal en su gestión y mantenimiento.    

Se trata de la privatización de la vía fluvial por la que circula cerca del 80% del comercio exterior argentino.