Luego de cuatro meses de gestión y varias idas y vueltas entre el oficialismo y la oposición para consensuar la magnitud de la reforma que pretenden aplicar los libertarios desde el día uno de su llegada al poder, el Gobierno envió en las últimas horas un nuevo borrador de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que contiene las 18 empresas que busca privatizar. 

El texto, reducido y reformulado después de que naufragara el primer proyecto en el Congreso en el verano y se acentuara la tensión entre el Presidente y los gobernadores por las diferencias de postura, incluye, entre otros cambios, menos de la mitad de las 41 compañías que se habían propuesto para la venta en el proyecto original.

Esta nueva versión de la llamada Ley Ómnibus, que pasó de 664 artículos a un total de 279, en su Capítulo 2 aborda la cuestión de la "Privatización de Empresas Públicas", donde incluye las compañías estatales que la administración de Milei quiere pasar a manos privadas, ya sea total o parcialmente.

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De acuerdo al escrito que circula desde la noche del miércoles y que el Ejecutivo le habría hecho llegar a mandatarios provinciales y jefes de los bloques legislativos, la pretensión es declarar "sujeta a privatización" total a las "empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional enumeradas en el Anexo I", que detalla que se trata de las siguientes cuatro compañías: Aerolíneas Argentinas; Energía Argentina S.A. (ENARSA); Radio y Televisión Argentina S.E.; e Intercargo. 

Además, de aprobarse la ley, quedarían sujetas a "privatización/concesión" las siguiente cinco: Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Correo Oficial de la República Argentina S.A.; Belgrano Cargas y Logísticas S.A.; Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE); y Corredores Viales S.A.

"Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las Provincias de contratos que se encuentren en ejecución", agrega respecto de ese grupo de nueve firmas públicas.

En tanto, desde la Casa Rosada incluyeron otro adjunto (el Anexo II), en el que especifican cuáles son las otras nueve empresas que "sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias".

En este segundo caso están incorporadas: Nucleoeléctrica Argentina, que tiene a cargo, Atucha I y II y la Central de Embalse; Banco de la Nación Argentina; Nación Seguros; Nación Reaseguros; Nación Seguros de Retiro; Nación Servicios; Nación Bursátil; Pellegrini S.A.; y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

A diferencia de la propuesta oficial previa, que volvió a foja cero después de que se rechazaran algunos puntos en particular en la Cámara de Diputados y el Ejecutivo decidiera retirarla del Congreso, el borrador saca de la lista algunos de los nombres más controversiales, con la meta de lograr ahora su aprobación. Entre esas empresas que ya no figuran están YPF, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A (ARSAT), Ferrocarriles Argentinos y Administración General de Puertos.

Otra de las ausentes en el listado es la agencia nacional de noticias Télam, sobre la cual Milei ya definió su cierre, mientras aún se decide la ejecución de esa medida, que llevó a la cesantía de trabajadores e inoperatividad de sus servicios. En tanto, mantuvo al Banco Nación y sus satélites, muchos de los cuales están en el ojo de la tormenta luego de que se denunciaran presuntas maniobras fraudulentas por parte del gobierno de Alberto Fernández, cuya investigación sigue en curso en la Justicia.