El ministro de Economía Martín Guzmán mandó este martes el proyecto de ley de reestructuración de la deuda pública que ya ingresó al Congreso. Alberto Fernández firmó el pedido antes de partir hacia Jerusalén y será una de las iniciativas con las que se empiecen las sesiones extraordinarias que se realizarán el próximo jueves 30 de enero.

En conferencia de prensa, el titular de la cartera económica destacó que "hoy tenemos una carga de deuda que es insostenible y que hipoteca el futuro de las argentinas y los argentinos”.

Las claves de la "Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa”, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía, están en:

  1. Que se apruebe la reestructuración de la deuda pública y se reafirmen los nuevos bonos bajo legislación extranjera, que se harán antes del 31 de marzo.

  2. El Jefe de Estado quedaría a cargo “para continuar con las negociaciones y realizar todos aquellos actos necesarios para su conclusión”.

  3. El “permiso” que le brindan a Fernández será con ciertas limitaciones. Podrá realizar operaciones de crédito público para su “consolidación, conversión o renegociación” siempre y cuando todo esto signifique una “mejora de los montos, plazos o intereses de las operaciones originales”.

  4. Todo aquel que brinde “servicios que sean prestados por entidades o asesores financieros serán pagados a través de comisiones, en condiciones de mercado, las que en ningún caso podrán superar el 0,1%”.

  5. El proyecto de ley se cierra habilitando el debate por el Presupuesto 2020.

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Según el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, lo que hace el proyecto del Gobierno es que “pide una serie de autorizaciones para emitir bonos en ley extranjera para canjearlo por los bonos que están vigentes hoy”. Consideró, además, que “le pide autorización al Congreso para un proyecto estrictamente instrumental, que no tiene definiciones”.

En ese sentido, sostiene que “el contenido más sustancioso fue el tema de la provincia de Buenos Aires, aunque en realidad fue una excusa para la conferencia”.

La misma se dio pocas horas antes de que llegue el vencimiento del bono BP21. Se trata de un papel bajo legislación extranjera cuyo pago el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, busca postergar hasta mayo con acuerdo de los bonistas. Entre capital e intereses, los vencimientos llegan a unos US$280 millones.

Al respecto, Caamaño reiteró que “no es necesario un proyecto de ley, si es que no le quiere poner cláusulas de acción colectiva a los bonos en la ley local que no las tiene. Uno podría pensar que hasta se podría hacer por decreto”.